El Ayuntamiento de Inca impulsa un programa de disponibilidad de viviendas de emergencia que permitan solventar las necesidades ocasionales de familias de la ciudad. Para iniciar el proyecto, el alcalde, Virgilio Moreno, y la concejala de Asuntos Sociales, Carmen Oses, se reunieron ayer con representantes de ocho entidades bancarias.

Se trata de disponer de una bolsa de pisos para alquilar a precios sociales por un período máximo de doce meses. Moreno explica que "en modo alguno supliremos al Ibavi (Institut Balear de Vivenda) que es quien debe poner en el mercado viviendas de forma permanente. Nosotros queremos ser el primer cortafuego ante situaciones de emergencia".

La inclusión de los bancos y cajas a este programa es básica, puesto que con la crisis poseen inmuebles sin habitar. "Creo que es muy positivo que todos los asistentes hayan manifestado su intención de colaborar porque indica el grado de compromiso con la ciudad", explicó Moreno. Las entidades han expresado su voluntad de aportar al menos una vivienda cada una al programa. El Ayuntamiento está pendiente de informes técnicos sobre dos viviendas que ha expropiado por abandono. Estas dos viviendas se encuentran situadas en la calle Blanquerna. En cuanto estén disponibles las aportará también. De la misma forma, el Ibavi sumará dos más por lo que se baraja la posibilidad de disponer de una docena de viviendas.

Convenio

En estos momentos, desde el área de Servicios Sociales se trabaja en la redacción de un convenio con la supervisión del Ibavi para ofrecer a los participantes en el programa de la bolsa. "Nuestra intención es avanzar hacia un modelo de alquiler social porque es el que más encaja con la tipología y necesidades de los futuros usuarios; que serán priorizados por los técnicos, sobre todo con menores implicados y casos de emergencia", explicó Carmen Oses. Paralelamente, se trabaja en concretar con el Ibavi en la aportación concreta por parte del Govern de las Illes Balears.

Esta bolsa de contingencia social estará constituida por todas aquellas viviendas que aporten tanto los particulares, como las entidades financieras, como las administraciones y empresas públicas y que tiene como destinatarios finales a las familias que no pueden acceder a una vivienda digna, ni en propiedad ni en alquiler, y acrediten los requisitos que establezcan los técnicos en servicios sociales.