El portavoz de ON Son Servera, Antoni Cánovas, denunció ayer la grabación sistemática mediante cámaras de vigilancia cámaras de vigilanciaque ha venido realizando el ayuntamiento de Son Servera desde 2008 hasta principios de 2016, y todo ello sin contar con la autorización preceptiva de las administraciones.
Según Cànovas, en 2008, siendo alcalde el socialista Pep Barrientos, se adquirieron cuatro cámaras por valor de unos 8.000 euros, que se instalaron en el Parc Verd, con el fin de que la Policía Local tuviera imágenes de control también de la vía publica por la que se accede al recinto.
Las cámaras se instalaron sin la autorización pertinente, incumpliendo así la Ley 4/1997 que regula la videovigilancia, la Ley 15/1999 de protección de datos, o los derechos fundamentales recogidos en el articulo 18 de la Constitución. Según ON, supuestamente estas imágenes se visualizaban en la dependencias de la Policía Local, en unos monitores que sin embargo también podían ver los ciudadanos que por algún motivo visitaran las dependencias.
En 2010, siendo ya alcalde Antoni Servera (Independents), se solicitó a Delegación de Gobierno la autorización para el uso de las cámaras, que ya llevaban dos años instaladas. El 19 de mayo del mismo año, la petición fue denegada. Pero lejos de retirarlas, denuncia el portavoz de ON Son Servera, el entonces alcalde, decidió no solo continuar con ellas, sino que adquirió cuatro más por un precio de 24.000 euros, (financiadas con el plan E) que fueron instaladas en la plaza Mallorca de Cala Millor, en una zona de parque infantil. Cámaras que se instalaron y utilizaron tampoco sin ningún tipo de autorización.
Hasta hace pocos días
Según Cànovas estas cámaras han seguido funcionando hasta hace pocos días de forma fraudulenta. ON también denuncia la instalación de más en otros lugares públicos, como els rentadors, el parque infantil situado junto al aparcamiento de la avenida Constitución y en la entrada a la Costa de los Pinos, aunque de estas no tienen constancia si graban o no, "pero también incumplen la normativa en cuanto a que en la señal de videovigilancia, no consta el responsable de la imágenes, tal y como contempla la Ley".
ON solicitó hace poco el levantamiento de una acta notarial para dejar constancia de la instalación, hecho que se realizó el pasado 29 de enero. Cànovas, que desde que entró como regidor en julio de 2015 ha ido denunciando la incorrecta señalización de las cámaras, manifestó ayer que solicitó para el pasado domingo una reunión de portavoces para debatir la gravedad del tema; reunión que finalmente fue pospuesta por la alcaldesa, Natalia Troya (PSOE) para esta misma semana.
Responsabilidades
Sobre la instalación y el uso de las cámaras de vigilancia, desde ON Son Servera, se muestran totalmente a favor, "siempre que se haga de acuerdo con la legislación vigente, salvaguardando los derechos fundamentales de las personas recogidos en la Constitución". Cànovas también ha agradecido la actitud de la actual alcaldesa, quien ya ha ordenado el apagado de las cámaras hasta que no haya la pertinente autorización.
Por eso para el grupo opositor los responsables son el exalcalde Antoni Servera (Independents) por tolerar las irregularidades, y el jefe de la Policía Local, garante de que se cumpla la legalidad, por no informar a la alcaldesa de las grabaciones no autorizadas.
Cànovas dice que sus compañeros de los partidos de la oposición, PP y Més, ya han sido informados de los hechos y que después de la junta de portavoces, pedirá responsabilidades políticas. Por otro lado, la alcaldesa Troya, que reconoció la existencia de estas grabaciones de las cuales no tenía constancia de su falta de autorización, el pasado viernes firmó un decreto de alcaldía para que cesasen su actividad en plaza Mallorca y el Parc Verd, al mismo tiempo que ordenó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que solicitaban los pertinentes permisos.
Unos para la instalación de cámaras en instalaciones municipales, tales como dependencias policía local, Parc Verd y el solar de depósito de vehículos retirados, que podrían estar listos a finales de semana. Y otros para la plaza Mallorca, en este caso el procedimiento es más largo, y en el caso de que se deniegue por parte de Delegación del Gobierno, las cámaras deberán ser retiradas definitivamente, confirmó Troya. En cuanto al resto de cámaras instaladas en diversos puntos del municipio, serán disuasorias.
