La mayoría progresista del ayuntamiento de Calvià respaldó ayer una moción presentada por Sí Se Puede (SSPC), por la cual se insta a Madrid a modificar la Ley de Haciendas Locales y a revisar los acuerdos con la Santa Sede, a fin de que se pueda cobrar a la Iglesia católica y a otras confesiones religiosas el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que actualmente están exentos.

La propuesta contó con el apoyo de PSOE y Esquerra Oberta, mientras que la oposición popular, a través de su portavoz, José Manuel Ruiz, se opuso por "ideología" al considerar que "España no es España si no va de la mano de la Iglesia católica". Por su parte, el regidor de Ciudadanos, Carlos Tarancón, se abstuvo, con el argumento de que el pleno está para tratar temas municipales. Aun así, recordó que, a nivel estatal, C's está a favor de derogar estos privilegios fiscales.

"El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros [como el que grava construcciones, instalaciones y obras] gravan enormemente a nuestras arcas municipales, un hecho que consideramos injusto", se puede leer en la moción ratificada por la corporación plenaria. El regidor de SSPC Israel Molina sorprendió durante la defensa de su propuesta al lanzar un dardo contra sus compañeros de gobierno, los socialistas. Molina achacó al PSOE que, cuando ha ocupado la presidencia del Gobierno, no haya hecho nada para cambiar los acuerdos con la Santa Sede.

De hecho, el portavoz del PP recordó después que, en su parte dispositiva, la moción presentada ayer calca prácticamente una que tramitó el PSOE en 2012. Durante su intervención, Ruiz se mostró como un firme partidario del "estatus actual". Desde Esquerra Oberta, mientras, este grupo municipal apoyó la iniciativa, aunque con matices. "Esta moción está bien como brindis al sol, pero, como se insta al Gobierno, tendrá poca efectividad", sostuvo el edil Alfonso Rodríguez Sánchez, quien recordó que ellos ya presentaron recientemente alegaciones a la ordenanza fiscal del IBI que pedían que se cobrase a la Iglesia, unas alegaciones que el equipo de gobierno rechazó. El encargado de cerrar el debate fue el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), quien quiso subrayar que ésta es una cuestión de "justicia fiscal", sin menoscabar en ningún caso la labor social que cumple la Iglesia católica.