La desclasificación de los solares urbanos de El Vilar por parte del Govern a través de la Ley 4/2008 de Medidas Urgentes ya ha provocado varios disgustos judiciales a la administración pública, que ya ha sido obligada a pagar indemnizaciones a los propietarios que habían denunciado la inseguridad jurídica que se deriva de la decisión proteccionista.
La nueva sentencia que condena al Ayuntamiento 'pollencí' se suma a un fallo judicial anterior, emitido en noviembre de 2012, que afectaba a la comunidad autónoma. Esta sentencia del TSJB condenó al Govern a indemnizar con 1,6 millones de euros a una empresa propietaria de tres parcelas en El Vilar que había reclamado daños y perjuicios por la decisión del pacto de progreso de convertir los terrenos en rústicos.
