El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el mes pasado por el cual se adjudicaba a Balear de Datos y Procesos el servicio de colaboración en la recaudación de tributos municipales para toda la legislatura ha sido recurrido por otro de los concurrentes al concurso, según han confirmado fuentes municipales. La cuestión está actualmente en manos del tribunal central de recursos contractuales de la Administración General del Estado, que es la instancia previa a la que se acude en estos casos antes de ir por la vía judicial de lo contencioso-administrativo.

Importante contrato

Este contrato para colaborar en la gestión tributaria del Ayuntamiento suele ser uno de los más importantes de la legislatura. El valor estimado del expediente de contratación asciende a unos 16,5 millones de euros, según constaba en el pliego de cláusulas administrativas que rigió el proceso de licitación.

La misión del adjudicatario de este servicio consiste, básicamente, en realizar trabajos de apoyo en la gestión, liquidación, inspección y recaudación de gravámenes gestionados por el ayuntamiento de Calvià: Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) urbanos y rústicos, de Actividades Económicas (IAE) e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, entre otros.

El adjudicatario, entre cuyas funciones no figura expresamente por contrato la custodia de fondos públicos, debe colaborar además a la hora de ayudar en el cobro de las sanciones de tráfico a conductores con domicilio fuera de España.

En la resolución que adoptó el pasado 4 de diciembre la Junta de Gobierno Local, se fijaban los términos de esta adjudicación, incluidos los importes a percibir por la empresa ganadora. Así, por la colaboración en la gestión de los impuestos abonados en periodo voluntario, el Ayuntamiento fija un porcentaje del 1,10%, excluidos los ingresos por multas y con un importe máximo a percibir de 600.000 euros. La cuota por la colaboración en la gestión de sanciones de tráfico de extranjeros se establece en un 35%. Las bases de la licitación, asimismo, establecen unos compromisos de porcentajes mínimos de cobro.