Vivir rodeado de escombros, basuras, plásticos, cristales y otros materiales a merced del mal tiempo. Éste es el día a día de un indigente de Sóller que desde hace algunos meses vive y duerme en una caseta situada en la urbanización Muleta II del Port de Sóller, propiedad del magnate inmobiliario Matthias Kühn.
El recinto donde ha establecido su morada este vecino es un casetón que debería albergar los transformadores eléctricos para el subministro de la electricidad de lo que debería haber sido una urbanización de lujo en el Port de Sóller. Pero la urbanización no llegó a materializarse, por lo que es una zona prácticamente abandonada.
El pequeño recinto donde vive está plagado de suciedad sin que reúna las más mínimas condiciones de salubridad. Está repleto de escombros y de restos de obra fruto del vandalismo en un pequeño edificio del que incluso han desparecido sus puertas. Las paredes están con boquetes y llenas de pintadas.
Además, tanto el pequeño habitáculo como su entorno más próximo están repletos de basuras, plásticos y demás objetos que han sido abandonados ahí por ser un lugar que se encuentra muy apartado del núcleo urbano del Port de Sóller.
Asimismo hay restos de cables y mecanismos de lo que fueron los transformadores eléctricos de alta tensión. Una maltrecha colchoneta en el suelo, varias mantas y una almohada son los únicos enseres que denotan que la caseta está ocupada por una persona.
La concejal de Servicios Sociales de Sóller, Águeda Quiñonero, explicó que su departamento conoce el caso desde hace varios meses. Los técnicos de este departamento "se han desplazado varias veces a este lugar con el objeto de ofrecer ayuda a esta persona", aseguró ayer Quiñonero, quien afirmó que "hasta ahora siempre ha rechazado la ayuda que le hemos ofrecido desde el ayuntamiento desde el primer momento que tuvimos conocimiento del caso".
Prestación de desempleo
Además, la concejal aseguró que "se trata de una persona con recursos porque sabemos que está percibiendo una prestación de desempleo", por lo que "sin su consentimiento, los servicios sociales no pueden hacer nada para llevarlo a otro sitio si él no quiere porque, además, tampoco está incapacitado".
