El ayuntamiento de Calvià -gobernado por PSOE y Sí Se Puede (SSPC)- aprobará en el pleno ordinario de mañana una batería de propuestas a otras instituciones para garantizar el derecho a la vivienda en el municipio. Entre esas medidas, figura la petición a los bancos de que garanticen un alquiler social a las personas que hayan perdido sus casas recurriendo a la dación en pago y que no tengan una alternativa para alojarse.
La declaración institucional constata la existencia de una “situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional”, a la que no ayuda precisamente, argumenta, la “falta de un parque público de vivienda social”, que representa menos de un dos por ciento de los pisos construidos.
Las propuestas del pleno, que recogen ideas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, realizan emplazamientos a las administraciones central y autonómica, así como a las entidades bancarias y a los juzgados. Incluyen también el compromiso de que los servicios sociales del municipio den un apoyo especializado a las personas que no puedan pagar la hipoteca, el alquiler de la vivienda o la luz y el agua. Para ello, proponen un plan de actuación, con ayudas puntuales y asesoramiento jurídico y psicológico, entre otros puntos.
El pleno de Calvià reclamará al Gobierno que incluya la dación en pago retroactiva en una ley reguladora del derecho de la vivienda. Desde el ámbito autonómico, el Consistorio apuesta por la coordinación con el Govern para ampliar el parque público de viviendas mediante la “movilización” de los pisos vacíos con que cuentan los bancos o los denominados fondos buitres.
En esta línea, el pleno se comprometerá a que, cuando Calvià tengan viviendas para el alquiler social, se fijarán rentas asequibles para las personas con dificultades. “Se articularán baremos para que el precio a pagar no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar”, se puede leer en la declaración institucional que va a pleno.
La pobreza energética es otro de los frentes que intenta combatir la iniciativa municipal. Así, la corporación solicitará a las compañías que suministran luz y a agua que no corten el servicio a los hogares “en situación de vulnerabilidad”. “El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará en función de la capacidad adquisitiva de la unidad familiar”, establece la resolución municipal.
El Ayuntamiento asegura ser consciente de la “situación de emergencia social” en la que se encuentran vecinos del municipio, por lo que, dice, asume la responsabilidad de impulsar medidas para afrontarla.
