Camí de la Vall Verda, carretera vieja desde es Capdellà a Andratx y Camí de Galatzó. Estos son sólo algunos ejemplos de caminos públicos de Calvià sobre los que pesa una doble amenaza: la desprotección institucional y la intervención de propietarios de terenos anexos, a fin de clausurarlos.

La cuestión se abordará en el próximo pleno del ayuntamiento de Calvià, a través de una moción presentada por el Grupo Municipal de Esquerra Oberta, coalición de Més y Esquerra Unida que no forma parte del equipo de gobierno pero que apoyó la investidura del alcalde socialista Alfonso Rodríguez Badal. La iniciativa persigue que se haga un estudio no sólo de los itinerarios públicos, sino también de los privados, pero que tradicionalmente han tenido un uso público, al tiempo que reclama que se garantice que estas vías estén libres de obstáculos.

Deber municipal

Dentro de esta última categoría, aparecen vías como la del camino al faro de Cala Figuera o el Camí de Son Llebre, donde, a diferencia de lo que era habitual hasta hace unos años, actualmente se han instalado barreras con candado. Son Llebre, precisamente, será escenario hoy por la mañana de una passejada reivindicativa, bajo el lema Volem els camins públics oberts.

Al igual que en el resto de la isla, el avance del desarrollo urbanístico y turístico ha contribuido a desdibujar en la memoria el uso público de determinados caminos que, antaño, tenían un marcado carácter agrícola o ganadero.

Necesidad de inventariar

La iniciativa de Esquerra Oberta, en este sentido, recuerda que las administraciones municipales tienen la "obligación legal" de tener inventariados estos bienes públicos, que "sufren una desprotección que lleva a que se los apropien dueños de fincas por las cuales pasan, o bien caigan en el olvido hasta convertirse en intransitables".

El debate sobre los caminos públicos de Calvià se suma a otros discusiones sobre la libertad de paso en determinados puntos del municipio, como sucede con las restricciones de acceso a la costa, que han ocasionado quejas vecinales y acciones reivindicativas. En ese caso, la voz de alarma incidía en ejemplos de costa clausurada en localidades turísticas como Santa Ponça, Magaluf o Torrenova, entre otras.