Son Servera

La oposición exige la dimisión de Servera por la condena del carril bici

La alcaldesa anuncia que el consistorio pedirá una nota aclaratoria de la contundente sentencia

12.11.2015 | 02:45
Más público de lo habitual en el pleno ´serverí´ de ayer.

Demandas por valor de hasta tres millones

  • El otro punto que se debatió en la sesión extraordinaria de ayer fue la gran cantidad de demandas que tiene el consistorio, que solo desde 2011 se ha pagado más de un millón en sentencias firmes y están pendientes de resolución demandas por valor de tres millones de euros. Después del pleno, las tres formaciones de la oposición estudian convocar otro para que se pronuncie el equipo de gobierno en cuanto a la dimisión del concejal de Hacienda, Antoni Servera, y se pedirá un informe jurídico para solicitar responsabilidades a los políticos que tomaron las decisiones del primer tramo del carri bici, que han concluido con esta sentencia.

En la sala de plenos del ayuntamiento de Son Servera se celebró ayer al mediodía una sesión extraordinaria, solicitada por los tres partidos de la oposición: PP, ON Son Servera y Més. El asunto a abordar, la sentencia que condena al consistorio a pagar 650.000 euros por el sobrecoste de las obras del Tramo I del carril bici. Una sala con más público que lo habitual, donde los grupos de la oposición pidieron la dimisión del actual regidor de Urbanismo, Antoni Servera (Independents), quien en el momento de las obras del conflictivo tramo era primer teniente de alcalde y que poco después se convertiría en alcalde.

A Servera se le hace corresponsable político de las decisiones tomadas por el ejecutivo que primero presidió el socialista Pep Barrientos y que ambos alternaron dos años, en dos legislaturas continuas. Los partidos de la oposición en las primeras intervenciones de la sesión, recordaron al equipo de gobierno PSOE-Independents los hechos que se inician en 2008 y que están, para ellos, llenos de irregularidades.

Las obras del primer plazo se excedieron de lo previsto inicialmente (unos 800.000 euros) sin que se realizara un expediente de ampliación de obras como es preceptivo, llegando a casi duplicarse el valor final. Así describía la situación el portavoz del PP, Jaume Servera: "Lo que pasó en 2008 es que alguien iba a la obra como el señorito del cortijo, mandando trabajos y más trabajos, pero en el momento de pagar el sobrecoste, pensó que le engañaban, se pidieron certificaciones para ver el valor real y el sobrecoste ya fue de más de 400.000 euros, el Ayuntamiento la acepta como buena, pero no la paga, ¿por qué?".

Desde On, su portavoz Antoni Cànovas, añadía: "En 2011 habiendo dos alcaldes, Antoni Servera (Independents) y Pep Barrientos (PSOE), pese a reconocer la valoración incrementada en 450.000 euros, el Ayuntamiento no pagó ni un euro a la empresa constructora, tres años después, ésta, no había recibido el total del montante reconocido por el consistorio y acude a los tribunales".

Desde Més, a través de su portavoz, Maribel Prieto, se ratificaba en lo expuesto por sus compañeros de oposición y criticaba la política de comunicación del equipo de gobierno: "La relación comunicativa con el equipo de gobierno es nula, no nos tenemos que enterar de temas tan delicados e importantes para el pueblo como es este caso, por la prensa".

La alcaldesa, Natalia Troya (PSOE), ante las críticas por no pagar la cantidad pedida por la empresa inicialmente lo que ya hubiera supuesto en ahorro a las arcas municipales, o por recurrir más tarde la primera sentencia que luego supuso el incremento de 303.000 euros de intereses, explicó lo que se considera una equivocación judicial en los peritajes realizado por el perito nombrado por el tribunal: "El perito judicial establece la valoración de 1.460.000 euros, luego la empresa constructora al no estar de acuerdo le pide que haga otra valoración aplicándole los precios que la empresa le proporcionara a lo que el juez atiende la demanda y si es cierto que en la posterior valoración que emite es de 1.600.000 euros como consecuencia de la aplicación de unos precios indicados por la empresa que no me constan en documentación alguna y a pregunta del letrado este perito se ratifica en la primera valoración de 1.460.000 euros, IVA incluido". En este punto la alcaldesa reconoció que la contundente sentencia no es recurrible pero que ven un error en la aplicación del peritaje y pedirá una nota aclaratoria de la sentencia.

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