El primer pleno ordinario de Manacor tras la primera moción de censura en la historia política del municipio, por la cual ahora ocupa el poder la mayoría formada por PP, El Pi y AIPC-SyS, estuvo marcada por los duros descalificativos y los reproches mutuos, evidenciando que la tensión que se vivió durante la sesión del pasado miércoles está lejos de haber desaparecido.
El futuro urbanístico de Manacor ocupó buena parte del debate plenario, al que no asistió por motivos laborales el anterior alcalde, Miquel Oliver (Més-Esquerra). El momento más tenso se vivió cuando la oposición socialista, por medio de su regidora Núria Hinojosa, expresó su preocupación por las posibles "amistades peligrosas" que pueda tener el PP a la hora de trazar esas directrices. "No vaya insinuando cosas", le respondió el alcalde Pedro Rosselló (PP), quien emplazó a los socialistas y al edil Joan Llodrà (Més-Esquerra) a acudir a la Fiscalía si tienen alguna prueba de esas influencias. "No consentiré ningún tipo de irregularidad", zanjó el mandatario municipal. El debate se entabló a raíz de un conflicto que se arrastra desde la pasada legislatura por la expropiación de zonas verdes, algunas de las cuales están vinculadas a famosas familias de negocios del municipio.
La edil del PSOE Amanda Fernández quiso saber si el equipo de gobierno negociará unos "precios lógicos" en este proceso. La regidora de El Pi, Catalina Riera, futura alcaldesa en virtud del acuerdo de gobierno con PP y AIPC-SyS, recogió el guante y subrayó que seguiría siendo "inflexible" en esta cuestión, a fin de lograr que los precios no sólo sean "lógicos sino también justos".
En este sentido, Riera recordó que, en la pasada legislatura, ya hubo un acuerdo plenario por el cual se trasladaron a los dueños de zonas verdes las valoraciones realizadas por los técnicos municipales. Una propuesta que, indicó, "no la aceptó nadie", aunque la continuarán defendiendo. Respecto a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Riera no despejó las dudas de la oposición socialista, que le instó a decir quién se encargaría de este trabajo. "Cuando estemos en disposición de decirlo, se lo diremos", dijo la edil de El Pi.
El pleno de ayer sirvió también para certificar la devolución a funcionarios, asesores y concejales de una parte de la paga extra de 2012.
