Los concejales de PP de Inca abandonaron la sesión del pleno consistorial aduciendo que se cometía una ilegalidad al destinar 23.890 euros de las arcas municipales a derribar la cantina del Campo del Sallista. Los populares adujeron que se trata de una inversión pública en un terreno privado sin ninguna compensación.

El desplante del PP se produjo cuando en uno de los puntos del orden del día se solicitaba la aprobación del órgano máximo municipal para una modificación presupuestaria. Esta modificación suponía el trasvase de 80.000 euros de las arcas municipales al Instituto Municipal de Actividades Físicas (IMAF). Se trata de un organismo autónomo, con presupuesto propio, pero que económica y administrativamente depende del Ayuntamiento.

Esa cantidad de dinero proviene de la indemnización que otorgó Serveis Ferroviaris de Mallorca al reactivar la línea de Inca a sa Pobla y a Manacor. Para hacerlo precisó expropiar unos metros de terreno del campo del Sallista. El Ayuntamiento cobró un dinero al ser depositario de 160 acciones de propiedad del terreno. Otra parte de la indemnización permanece depositada en Hacienda esperando que el resto de propietarios la reclame.

La razón

Los populares manifestaron que cuando ellos gobernaban y quisieron invertir en rehabilitar el campo del Constància la oposición amenazó con una demanda por ser una ilegalidad. El PP considera que se está en el mismo caso ahora.

No obstante, el desplante popular no permitió al concejal de Hacienda, Àngel Garcia, ofrecer una explicación que sí les quiso dar con posterioridad. El edil explica que "no se trata en modo alguno de un caso similar pues aquí no se hace una inversión de dinero público en un terreno privado. Se trata de la ejecución de un derribo por situación de ruina declarada de un edificio". Garcia insistió al secretario municipal para que informarse al pleno sobre la supuesta ilegalidad. El técnico dio una explicación similar a la descrita.

Orden de demolición

Cabe destacar además que existe una orden de demolición municipal como consecuencia de un informe de los técnicos de Urbanismo acerca del estado de ruina de la cantina.

Garcia declara que "lo que procede, una vez comprobado que la propiedad no ha afrontado la demolición es hacerlo subsidiariamente. Derribará el consistorio y luego se le requerirá el pago al dueño si procede".