"Por supuesto que es un pacto legítimo pero también es indigno". Con estas palabras iniciaba ayer el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, su parlamento ante los medios de comunicación y ante una representación de las más de 400 personas que quisieron acompañar al todavía equipo de gobierno conformado por Més-Esquerra, PSOE y Volem. El recado iba dirigido al acuerdo entre PP, El Pi y AIPC, materializado este jueves en el registro de la primera moción de censura presentada en Mallorca desde las pasadas elecciones de mayo, y que el día 4 de noviembre le dará la vara a Pedro Rosselló devolviendo al Partido Popular una de las alcaldías perdidas en los grandes municipios.

"Solo nos han dado cuatro meses y medio para demostrar todo lo que podíamos hacer. Hemos trabajado como nadie lo había hecho hasta ahora, con un grupo cohesionado y sin contaminar que tiene otra forma de hacer política", añadía el todavía alcalde "Quizá esos miedos, unidos a otros intereses han sido lo que han precipitado la moción".

Un cuarto de hora antes de que diera inicio la rueda de prensa del pacto de izquierdas, varios centenares de simpatizantes de los tres partidos se concentraron frente a las oficinas del Ayuntamiento, para protestar por lo que consideran un acto interesado por parte de PP, El Pi y AIPC, que el propio Oliver calificó después de "pacto de piratas", ante el cambio de rumbo del Plan General de Ordenación Urbana y para, supuestamente, frenar la evolución de auditorías económicas y administrativas iniciadas.

"Es más que cuestionable que [el pacto de centroderecha] tenga legitimidad moral", añadía e concejal de Urbanismo, Joan Llodrà. "Creo que en 120 días que llevamos es imposible haber hecho un desastre tan grande como para motivar una moción de censura". "El Urbanismo debe hacerse para todos y no por intereses personales", dijo antes de desvelar una de las posibles irregularidades encontradas durante las últimas semanas, pertenecientes a la pasada legislatura cuando gobernaban El Pi (después de ser expulsados del PP) y AIPC "y que harán que más de un concejal dude el próximo día 4 de noviembre a la hora de levantar la mano". Llodrà puso como ejemplo "las 103 facturas encontradas de una empresa gestionada por el hermano del alcalde de Porto Cristo (en referencia al portavoz de AIPC, Joan Gomila), sin concurso ni convenio, por un valor de 95.000 euros". "En estas circunstancias ninguno de nosotros quisiera estar en su piel en estos momentos. A Al Capone no le cogieron por las cosas grandes que hizo, sino por las pequeñas", ironizó

Un destape de posibles irregularidades económicas y administrativas que subscribió el alcalde Oliver, que incluso dejó caer la posibilidad, si llegara el caso, de poner alguno de esos asuntos en manos de la Fiscalía. La regidora del PSOE, Amanda Fernández, de nuevo dejó caer la sombra de la duda sobre Gomila, de quien criticó que gastara dinero de la marca turística 'Visit Portocristo' para estamparla en maillots ciclistas "de un equipo del que él mismo es miembro y que ni siquiera está federado".