El número 2 del equipo de gobierno del ayuntamiento de Santa Margalida y futuro alcalde del municipio, Joan Monjo (Convergència-El Pi) declaró ayer en calidad de imputado en el juzgado de instrucción número uno de Inca por un presunto delito de coacciones contra una vecina de Can Picafort que había denunciado que Monjo la habría obligado a ceder parte de la vivienda en la que reside en el núcleo costero. Los hechos denunciados por la vecina fueron negados por el regidor 'margalidà'. Según su declaración judicial, Monjo aseguró que la denuncia de la vecina se habría basado en motivos políticos y que sus adversarios electorales, principalmente CPU, utilizaron estos hechos en su contra durante la pasada campaña.
Monjo explicó que a finales de 2011 solicitó a la denunciante si podía hacer una permuta de su chalé con una planta baja en Can Picafort, ya que el Ayuntamiento era el propietario del terreno colindante con su parcela, aunque "recelaba" de que esta vecina fuese la auténtica dueña de la casa. En 2012, un abogado de Manacor habría concluido que la denunciante no era la dueña de los terrenos, por lo que Monjo habría comunicado a la vecina que no podía hacer una permuta porque no era propietaria de la vivienda. El regidor aseguró que "nunca" ha presionado a la denunciante para que abandonara la propiedad.
Declaración judicial
A preguntas de la abogada de la vecina, representada por Bel Fluxà, Monjo aseguró que desconocía que el anterior párroco de Can Picafort había autorizado a la denunciante a residir en la casa y que la propietaria real de la vivienda había fallecido. También aseguró que el Ayuntamiento no ha reclamado a la denunciante el pago de la contribución durante estos años.
Monjo admitió que acudió a la casa de la vecina el 24 de abril de 2015 para pedirle "qué problema tenía con los trabajos que el Ayuntamiento había realizado en su domicilio" porque el alcalde se había quejado de que los trabajos no habían quedado bien. Aseguró que no sabía qué obras se habían hecho ni si se demolió una caseta y añadió que a la hora de hacer el deslinde de la propiedad la vecina "estuvo de acuerdo en todo momento" a raíz de lo que manifestó al capataz del Ayuntamiento.
Además, Monjo negó que habría ofrecido a la denunciante otra vivienda a cambio de los terrenos que se deslindaron, usados por el Ayuntamiento para almacenar adoquines, y también que amenazase a la vecina con "perderlo todo".
Por su parte, a preguntas de su abogado, Eduardo Valdivia, el regidor explicó que desde que se realizó el deslinde en 2013 hasta abril de 2015 la vecina no efectuó ninguna reclamación al Ayuntamiento. Para justificar los motivos políticos de la denuncia, Monjo aportó varios carteles electorales en los que aparecía su fotografía con una pegatina de 'Todos somos Luisa', en referencia a la vecina denunciante, que el regidor atribuye a miembros de CPU. También aportó una impresión aparecida hace unos días en internet con la leyenda 'Monjito imputado'.
