La titular del Juzgado de Instrucción número 1, Pilar de Lara, quien se ha inhibido de la pieza en la que se investigan concesiones logradas por el Grupo Vendex, dentro del caso Pokémon, apunta al pago de comisiones de hasta el 3 por ciento en el marco de la adjudicación presuntamente ilícita de la recogida selectiva del ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar a la mercantil Econar. Mediante un auto de 21 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza alude a las actividades supuestamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en Galicia, Cataluña y Balears, que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros.

Según los indicios existentes, señala la magistrada, la adjudicación a Econar estaría condicionada al pago de dádivas, "llegando a hablarse en alguna conversación telefónica del pago de un porcentaje, 'el tres por ciento'", cantidad que la concejalía de Medio Ambiente, encargada de la concesión, pretendía "reducir en el contrato".

Del mismo modo, añade, se han detectado pagos en metálico realizados por el administrador único de Econar, Gervasio Rodríguez Acosta, al supuesto intermediario y autorizado de varias empresas de aquél radicadas en Palma, José María Martí Creus, supuestamente para pagar tales comisiones.

Audiencia Nacional

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha dictado un auto por el que se inhibe a favor del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en la pieza de la Operación Pokémon que hace referencia a las supuestas actividades delictivas del grupo Vendex.

La jueza recuerda que Martí Creus es también administrador único de la sociedad Transacciones Mallorquinas SA, con domicilio en Palma, y participa en un 6,25 por ciento de la sociedad Econar, mientras que la propia Transacciones Mallorquinas participa en un 13,75 por ciento.

"Martí Creus es la cabeza visible de Econar en Mallorca a través del mismo y de los contactos políticos adquiridos, que ha utilizado para beneficiarse de contratos con la administración pública relacionados con la recogida selectiva de residuos, catorce en el Ayuntamiento de Sant Llorenç", apunta De Lara. Añade en el auto que el grupo tiene como operativa "defraudar el IVA, pagando lo menos posible, por debajo del umbral del delito fiscal", por lo que habría "fraude continuo".