Más de 30 maestros de obras de Sóller se dieron cita ayer en una reunión con el alcalde y el concejal de Urbanismo de Sóller en un encuentro en el que el Ayuntamiento informó de la voluntad del pacto de izquierdas de transferir al Consell de Mallorca la disciplina urbanística en el suelo rústico. La medida no gusta al sector de la construcción ante el temor de que se produzca una cascada de expedientes de infracción.
El concejal de Urbanismo, Jaume Mateu, explicó que el Ayuntamiento tiene en marcha el traspaso de competencias a la Agència de Disciplina Urbanística la vigilancia de las zonas que están catalogadas como ARIP y ANEI. El Ayuntamiento se reservará para él las competencias en suelo urbano y el regulado por el Plan de Huertos. Mateu alegó que el traspaso se hará para mejorar la disciplina urbanística y quitar carga de trabajo al Ayuntamiento ya que "no tiene instrumentos materiales para la vigilancia del suelo rústico protegido". El planteamiento es el de "defender la legalidad urbanística" en las zonas ARIP y ANEI.
La propuesta topa con el rechazo del sector de la construcción, que considera el traspaso de competencias al Consell como una medida que podría generar la apertura de innumerables expedientes de infracción urbanística. Según expusieron los constructores, ello afectará directamente a los propietarios de olivares y pequeñas fincas rústicas que en los últimos años han realizado mejoras o ampliaciones en sus casas y porches de montaña. El Ayuntamiento se mostró comprensivo pero reiteró que son ilegales.
Durante la reunión se habló de que el Consell tendrá facultad de analizar todas las obras realizadas en rústica hasta el año 2001, un hecho que reiteró el malestar de los maestros de obra de Sóller.
200 expedientes en trámite
En la primera reunión de la legislatura entre el gobierno del pacto de izquierdas y el sector de la construcción quedaron patentes unas posturas que son antagónicas. Una de las cuestiones que salieron a colación es la reactivación, por parte del Ayuntamiento, de más de 200 expedientes de infracción urbanística que hasta ahora estaban en vía muerta. Los constructores advirtieron que la puesta en marcha de estos expedientes podría abrir la veda a otros muchos más por obras que se realizaron sin licencia. El Consistorio se comprometió a reformar el área de obras con más personal para agilizar las licencias, impulsar la realización de gestiones telemáticas y poner en marcha la revisión del Plan General cuando se resuelvan los contenciosos de Muleta II y el Infante Lois.
