La negociación que han iniciado la Fundación Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) y la propiedad de la finca de Ternelles con el objetivo de abrir el acceso al público por el emblemático predio 'pollencí' sigue excluyendo las visitas al Castell del Rei y a Cala Castell, destinos finales del camino de Ternelles, con el mismo argumento utilizado por el TSJB en su reciente sentencia: se trata de zonas de exclusión según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra de Tramuntana y por ello no están autorizados los usos recreativos.
Juan José Sánchez, director de la FVSM, entidad que también se encarga de gestionar la recuperación del buitre negro en la cordillera mallorquina, explicó ayer a este diario que el objetivo de las negociaciones "es evitar el cierre de la propiedad y mantener el estatus actual de visitas, evitando los puntos críticos de conservación y favoreciendo un uso social sostenible".
Es decir, se trataría de visitas consensuadas con la propiedad de la finca que estarían guiadas por un representante de la FVSM y que en ningún caso llegarían a los puntos más sensibles de esta zona como la antigua fortaleza y la cala, espacios en los que, según Sánchez, nidifican los buitres negros. "Más que zonas de exclusión, término que el PORN utiliza de forma equivocada, se trata de reservas integrales según la Ley de Conservación estatal, figura que es igual de restrictiva pero tiene un sentido más positivo y didáctico", apuntó. Según Sánchez, la exclusión del castillo y la cala de las visitas guiadas "no resta ningún atractivo" al paseo.
Por su parte, Antoni Coll, representante de la sociedad Menani S. A., que administra la propiedad de Ternelles, confimó que las negociaciones con la FVSM están avanzadas y que todo apunta a que se permitirán este tipo de visitas controladas. Por ahora no se ha puesto sobre la mesa el número máximo de personas que podrían entrar diariamente a Ternelles, pero Coll explicó que la UIB "determinó en su día que podían entrar un máximo de 10 personas", diez más que la cantidad estipulada posteriormente por el ayuntamiento de Pollença y el Consell de Mallorca. "Y eso que el informe de la UIB es anterior a la aprobación del PORN", añadió Coll.
El administrador de la finca dijo que la propiedad "tiene la responsabilidad de cumplir las normas de protección" para justificar la negativa a abrir al público los espacios más sensibles del predio.
