Jaume Servera tuvo el martes por la noche su primer pleno movido de su legislatura. Numerosos vecinos del Port de Sóller acudieron a la sesión plenaria para protestar contra la reforma exprés de la plaza de Joan Miró para que desde hoy puedan transitar los autobuses escolares.

En el pleno, el regidor admitió que la medida fue llevada a cabo por orden "expresa" suya, sin informes técnicos y sin un decreto que las ordenara, algo que todavía calentó los ánimos del público que acabó por abuchearlo.

Algunos de los asistentes expresaron su descontento con la medida llevada cabo por el ayuntamiento desde el lunes por la mañana, día en el que se cortó un árbol de la plaza y se iniciaron los trabajos para reducir el tamaño de la glorieta para facilitar el giro de los autobuses.

Al igual que lo hizo el PP, el público criticó la "falta de transparencia y de participación ciudadana" en una acción que ha crispado a vecinos del Port de Sóller.

Durante el pleno el alcalde reconoció que la tala del ciprés y la reforma de la plaza se hacía "por orden suya" admitiendo que no contaba con ningún informe técnico que avalara la reforma. Por su parte, el PP, en boca de Carlos Simarro, le afeó que el alcalde no convocara la mesa de movilidad ni que hubiera informado a los vecinos del Port de lo que se llevaba a cabo. Es más, Simarro criticó que "mucho pregonar de transparencia y participación ciudadana y después resulta que el alcalde se lo pasa todo por el forro", señaló tras la sesión plenaria, quien dijo también: "Cuando gobernábamos nosotros, por mucho menos el ahora alcalde acudía a la Guardia Civil a ponernos denuncias".

Desde las filas del PSOE, Jaume Mateu reconoció en el pleno que "no se ha pedido opinión a la gente".

Fiestas en el Fossaret

Por otro lado, ayer se supo que las fiestas infantiles en la antigua escuela del Fossaret quedan suspendidas hasta nueva orden. Así lo reveló el alcalde de Sóller, el nacionalista Jaume Servera, a preguntas del PP, que lo acusó de llevar a cabo una maniobra para beneficiar el casal de Can Dulce.

La polémica se desencadenó en el pleno del martes por la noche cuando el alcalde explicó que ha suspendido temporalmente autorizar fiestas de cumpleaños en el antiguo colegio aduciendo que tiene en estudio el posible traslado a este centro de la aula de adultos que está instalada en otro edificio municipal.

Servera señaló que "hasta que no lo hayamos estudiado no se van a tramitar nuevas peticiones" y solo se celebrarán las fiestas que ya están concertadas. Por su parte, Carlos Simarro criticó la medida. Le reprochó que tomara una "decisión política al margen de la transparencia y la participación ciudadana" cuyo interés finalista "es el de beneficiar a otras entidades que ofrecen alquilar sus salas a precios mucho más caros".

Hasta ahora el ayuntamiento alquilaba el Fossaret por 30 euros la fiesta de cumpleaños tras haber tramitado una ordenanza municipal en la pasada legislatura. El alcalde señaló que el Ayuntamiento "no quiere hacer competencia desleal a Can Dulce o a la guardería de Juli Ramis", algo que fue replicado por el PP asegurando que el alcalde "quiere beneficiar a Can Dulce, que cobra 150 euros por alquilar una sala o a la guardería de Juli Ramis, que cobra 80".