Lloseta

La Audiencia rechaza los recursos y confirma la condena a Bernat Coll

El exalcalde y otros tres ediles argumentaban "razones políticas" e "irregularidades subsanables"

10.09.2015 | 08:42
Bernat Coll, e-alcalde de Lloseta (en primer plano), con los demás condenados durante la vista.

El precedente

  • Reconocieron que habían prevaricado Bernat Coll y los exconcejales Maria Alemany, Joan Coll y Pere Joan Martorell fueron juzgados la última semana de enero y la Fiscalía solicitaba para ellos una condena de 35 meses de prisión, mientras que su defensa pidió que fueran absueltos. En la sentencia inicial se considera probado que entre 2004 y 2008 los cuatro ediles adjudicaron la gestión de la programación musical del teatro municipal sin concurso, vendieron unos solares municipales y autorizaron dos licencias urbanísticas pese a la advertencia del secretario municipal de que todas estas actuaciones eran ilegales. "Todos y cada uno de los acusados reconocieron haber votado a favor de las contrataciones y licencias de autos, conociendo las advertencias de ilegalidad formuladas por el secretario de la corporación y las derivadas del arquitecto municipal", destacó la jueza de lo Penal 6. Apuntó además que la prevaricación, administrativa y urbanística, es el delito que comete una autoridad pública al adoptar una resolución arbitraria y contraria a la ley a sabiendas de su ilegalidad, al margen de que trate o no de beneficiarse él mismo o a otra persona o colectivo, por lo que no dejaba lugar a dudas.

La Audiencia Provincial ha confirmado la inhabilitación para ostentar cargo público durante 28 años al exalcalde de Lloseta Bernat Coll y a tres exediles más. El recurso de los condenados se centraba en que las acusaciones tenían una motivación política y que los hechos por los que se les condenaban constituían "irregularidades subsanables".

El tribunal estima que los cargos están probados y reconocidos y confirma la sentencias del juzgado de lo Penal 6. Sobre la posible motivación política, derivada de que la acusación particular era sostenida por el PP, dice que "se está ante una actuación legítima y además sostenida por el fiscal".

Referente a que se trata de actos subsanables con posterioridad, indica que los condenados se arrogaron "una posición que les situaba por encima de la legalidad vigente al incumplirla cuando lo consideraron conveniente en interés del pueblo, siendo evidente que en todos los delitos lo realizaron de forma consciente y deliberada". Destacando además que había una previa advertencia de los técnicos municipales sobre la ilegalidad.

Los condenados son considerados autores de cuatro delitos de prevaricación. Tendrán que abonar además multas que suman 7.300 euros cada uno.

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