El ayuntamiento de Sóller iniciará a partir del septiembre una tanda de contactos con los propietarios del campo de deportes Infante Lois con el fin de intentar llegar a un acuerdo para su municipalización.

Esta tanda de reuniones que empezarán en las próximas semanas fue pactada a lo largo de un encuentro informal que ambas partes mantuvieron hace unos días en el ayuntamiento. Según informó el portavoz del equipo de gobierno, Josep Lluís Colom, el ayuntamiento quiere negociar la municipalización de estos terrenos "al menor coste posible" porque "el municipio no dispone de dinero para afrontar su compra". Para ello prevé llegar a un acuerdo con la propiedad que incluya, si es preciso, contraprestaciones urbanísticas.

El recinto deportivo del Infante Lois está situado en pleno Port de Sóller. Constituye un pulmón verde para el núcleo turístico y cuenta con una superficie de más de 18.000 metros cuadrados. En su interior alberga un campo de futbol, una cancha de baloncesto, varias pistas para la práctica del voley y un circuito de atletismo.

Los contactos que han mantenido los propietarios y los sucesivos gobiernos municipales para esta misma finalidad no han sido un campo de rosas.

Tanto es así que actualmente el litigio está en el Jurado Provincial de Expropiación, en tanto que la propiedad exige al ayuntamiento su expropiación por un importe de más de siete millones de euros.

El procedimiento fue impulsado por los propietarios en la pasada legislatura tras fracasar las últimas negociaciones. El Plan General de Ordenación Urbana de Sóller establece que estos terrenos son equipamiento público, de ahí que sus actuales propietarios promovieran el proceso de expropiación forzosa por parte del ayuntamiento tal y como establece la ley.

Los terrenos de este recinto deportivo fueron adquiridos por el Ministerio de Defensa en plena Guerra Civil, en el mismo período en el que se creó la estación naval del Port de Sóller. El recinto fue habilitado como campo deportivo y de entrenamiento para los soldados de la Armada. A finales de la década de los noventa los terrenos dejaron de tener interés estratégico para la Armada y se inició el proceso que concluyó con la reversión del campo a sus antiguos propietarios.

Desde entonces, los sucesivos ayuntamientos han intentado llegar a un acuerdo para que el campo de deportes pase a ser de titularidad municipal. Hasta ahora el acuerdo no ha sido posible.