Cala Millor

El TSJB fija en 732.000 euros la expropiación de la plaza Eureka

El ayuntamiento 'serverí' deberá pagar el justiprecio cuando la Justicia determine si es propiedad privada

13.08.2015 | 02:07
Oficina de información turística, en plena plaza.

Después de 23 años siguen los litigios por la plaza Eureka de Cala Millor. El proceso, que sigue en los tribunales, ha dado un giro después de que el pasado 14 de julio una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), estableciera el justiprecio de la expropiación de los terrenos por parte del ayuntamiento de Son Servera a los herederos del propietario, Jaime Vives, una cantidad que asciende a 732.347 euros.

Dinero que el consistorio debería pagar en el supuesto de que resultara condenado en el litigio en que se encuentran inmersas ambas partes. Un pleito en el que se discute la titularidad de la propiedad de los terrenos.

Los herederos no han presentado escritura de propiedad, ni certificado de inmatriculación en el pertinente Registro de la Propiedad. Los hechos se remontan a principios de los noventa, cuando Jaime Vives cedió al ayuntamiento de Son Servera unos terrenos situados en primera línea, a cambio de que la Sala colocara una placa conmemorativa.

El tiempo pasó y gobiernos municipales de PP y PSOE, se alternaron en la alcaldía sin dar cumplimiento al acuerdo y sin instalar la placa. Años después, y tras el fallecimiento de la esposa de Jaime Vives, éste decide revocar la cesión realizada por incumplimiento de lo pactado.

Baile de cifras

El TSJB dio la razón al cedente y los terrenos, convertidos en zona verde donde el consistorio había instalado la oficina de información turística, volvieron a ser propiedad particular de quien al poco tiempo fallecería. Los herederos y el consistorio se vieron inmersos entonces en un proceso de expropiación, por el cual los actuales propietarios valoraban el espacio en 1.553.000 euros, mientras que el Jurado Provincial de expropiación estimó, el 23 de setiembre de 2011, que el justiprecio ascendiera a la suma de 363.724 euros.

La decisión fue recurrida ante el Tribunal Superior, que la ha fijado ahora en 732.347 euros, sin que quepa recurso ordinario contra la sentencia. El consistorio tendría que pagar esta cantidad siempre que hubiera sentencia en firme que reconociera la titularidad privada.

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