El ayuntamiento de ses Salines ha tomado una decisión contundente. Ayer, en torno a las 14 horas, resolvió suspender cautelarmente de empleo y sueldo al arquitecto municipal, Toni Campins, y a la también arquitecta técnica municipal, Rebeca Fabiola del Rey Hurtado, ambos funcionarios de carrera. Según investigaciones realizadas ayer mismo por Diario de Mallorca, el consistorio saliner, dirigido por el pacto integrado por PP y Pi, siendo actualmente alcaldesa Maria Bonet (PP), les acusa de presuntas múltiples y graves faltas. Entre ellas, "desobediencia"; "emisión de informes manifiestamente ilegales"; "perjuicios a la administración municipal"; "ausencia de secreto"; "aprovechamiento propio"; "extralimitación de funciones"; "incorrección con superiores y compañeros de trabajo"; "incumplimiento de deberes"; "negligencia"; "desconsideraciones" e incluso "atentado grave a la dignidad de los funcionarios".
Estas suspensiones cautelares contemplan un plazo máximo de seis meses. Se ha nombrado instructor y secretario y se sigue un procedimiento legal.
Campins, consultado por la tarde por este periódico, recordó que tanto él como del Rey Hurtado "desde hace meses venimos denunciando acoso laboral". En esta línea, reiteró que "el motivo de apartarnos es que nuestros informes no gustan, hemos tocado a gente 'intocable', abordado asuntos que no han caído nada bien".
A la pregunta de si se sienten perseguidos políticamente, Campins responde afirmativamente. "Sabíamos que un día u otro podría ocurrir esto de suspendernos cautelarmente de empleo y sueldo, pero a pesar de todas las presiones que hemos venido sufriendo no han logrado cambiar nuestros criterios, centrados básicamente en hacer cumplir la ley para todos igual, con el mismo rasero, no fer parts i quarts, igual trato para toda la ciudadanía".
Antecedente de un archivo
Hay que recordar que, en la pasada legislatura, cuando llegaron a gobernar el grupo PSOE-PSM-Progressistes, Convergència y Nous Independents Locals, se incoó un expediente disciplinario a Campins, suspendiéndole cautelarmente de funciones, a mediados de abril de 2008. Las supuestas faltas cometidas: emisión de informes manifiestamente ilegales y perjudiciales para las arcas locales; falta de rendimiento y demoras en la tramitación de expedientes. Sin embargo, un año después, en abril de 2009, se resolvió dicho expediente con archivo y pidiendo disculpas a Campins, quien curiosamente esta legislatura, en mayo de 2013, fue nombrado jefe de Urbanismo y vio aumentado su salario.
No obstante, el 9 de abril de este 2014, Campins advirtió a la alcaldesa Bonet del "retraso excesivo y sin motivo" en la tramitación de más de 40 expedientes paralizados de disciplina urbanística. Apuntó que este año no se ha resuelto aún ninguno de estos expedientes. Al día siguiente, el 10 de abril, fue defenestrado. Destituido del cargo de jefe de Urbanismo y obligado a abandonar su despacho, viendo prohibido además entrar cualquier informe por registro.
En cuanto a la justificación que expone ahora el Ayuntamiento, destaca la diversidad de casos. De las presuntas faltas sobre el polémico nuevo aparcamiento de la escuela de la Colònia, Campins defiende que "todo el proceso fue correcto y se informó puntualmente al concejal Juan Rodríguez". Del también nuevo y controvertido carril bici en la zona de la escuela coloniera, el arquitecto municipal remarca que "se atendieron todas las órdenes de alcaldía y no hay ninguna ilegalidad por parte de los arquitectos municipales". En cuanto a las presuntas "malas formas"; "extralimitaciones"; "atentado grave a la dignidad de los funcionarios" e "incorrección con superiores y compañeros", sentencia rotundo que "lo niego todo, las incorrecciones y desconsideraciones no son nuestro estilo, para nada".
A su vez, a Campins el Ayuntamiento le discute en particular su escrito dirigido a la alcaldesa sobre el supuesto retraso en la paralización de expedientes urbanísticos, con riesgo de caducar. Y de una obra en construcción promovida por un ciudadano en una finca de una cuarterada, concretamente un cambio de ubicación, sostiene que "se debería proceder a la declaración de nulidad de la licencia, por cierto otorgada en su día sin informe jurídico, y hay también informes negativos del Consell y la ley de suelo rústico exige un mínimo de dos cuarteradas".
