La reducción del techo de habitantes del municipio de Manacor de 180.000 a 83.000 habitantes, supondrá también una bajada de más de la mitad de zonas verdes pendientes de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, lo que podría llegar a ahorrarle un máximo de 250 millones de euros a las arcas municipales. El avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación inicial está prevista para el próximo mes de septiembre siguiendo el calendario previsto, así lo corrobora.
De hecho el área de Urbanismo de la corporación municipal suspendió por sorpresa el pasado mes de septiembre y durante un año, el 90% de las zonas verdes pendientes para evitar pagar indemnizaciones millonarias y dar un tiempo precioso para que los arquitectos municipales pudiera redactar y adaptar el PGOU a las nuevas normas territoriales, bajar el techo poblacional y rebajar así los cinco metros cuadrados que corresponden de zona verde por habitante.
En realidad el Ayuntamiento dejó sin efecto y archivó el Plan General aprobado de forma inicial el 30 de marzo de 2007, e inició un procedimiento de revisión del planeamiento urbanístico general (Normas Subsidiarias de 1980 y modificaciones puntuales posteriores).
65 millones no afectados
Dentro del 10% de zonas verdes a las que no afectó la suspensión por estar en fase judicial, están dos de las más polémicas: la de la Torre Florida y la de la rotonda del Cilindro, muy cerca del Club de Tenis Manacor. Por la primera, perteneciente a una serie de famosas familias de negocios del municipio, piden 14,7 millones de euros (les costó 1,8), que son los que el Jurado Provincial de Expropiación dictó que debían pagarse por 10.000 metros cuadrados de suelo rústico. Una decisión recurrida ante la Justicia por el ayuntamiento de Manacor.
La otra zona verde, en la que figuran los mismos empresarios como demandantes, está situada cerca de la rotonda de salida de la carretera que lleva a Porto Cristo. Por ella piden al consistorio 41 millones de euros. Aunque está vez sea al contrario, ya que el Tribunal de Expropiación valoró en primera instancia los terrenos en 141.660 euros, lo que supuso que el grupo recurriera al contencioso judicial para dirimir la cantidad.
Entre las otras zonas sin afectar existen otras tres más en el barrio de Son Fangos, por las que particulares reclaman al consistorio nueve millones de euros, lo que en total hace que, si las cosas se tuercen, el Ayuntamiento pueda llegar a hacer frente a un pago aproximado de 65 millones.
En el caso de que el Ayuntamiento hubiera tenido que pagar la expropiación forzosa de todas las zonas verdes existentes al precio estimado para los terrenos rústicos de la Torre Florida, es decir a unos 1.500 euros el metro cuadrado, debería haber hecho frente al pago de 500 millones.
