Los edificios residenciales más antiguos de Calvià se someterán en el próximo lustro a un chequeo para evaluar su estado de conservación. Así lo contempla la recientemente aprobada ordenanza municipal reguladora del informa de evalución de los edificios, que se encuentra en la actualidad en fase de información pública.
La normativa, que fue ratificado por el último pleno, prevé un plazo aproximado de cinco años para que el parque de edificios se vaya "adaptando de manera gradual y asequible [...] a condiciones mínimas de conservación, accesibilidad y calidad".
Así, el calendario previsto esteblece el periodo comprendido entre el uno de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 para aquellos edificios construidos o rehabilitados antes del año 1955. A lo largo del año siguiente, le tocaría el turno a aquellos inmuebles anteriores a 1965.
Durante la tramitación de la ordenanza, el Ayuntamiento se reunirá con asociaciones vecinales y de defensa de los consumidores de Calvià a fin de abordar aspectos de esta normativa, que deriva de una ley estatal de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Tipología residencial
Esta regulación estatal fija que deben someterse al informe de evaluación los "edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50 años [...] salvo que ya cuenten con una inspección técnica vigente".
La obligación abarca también los inmuebles cuyos propietarios optan a ayudas públicas para realizar obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética, así como el resto de edificios "cuando así lo determine la normativa autonómica o municipal".
Información obligatoria
En el informe, se tienen que incluir datos como una evaluación del estado de conservación del edificio "realizado por personal técnico competente". Además, tienen que analizarse las condiciones de accesibilidad, al igual que comprobar la eficiencia energética de la estructura.
Calvià, como tiene más de 25.000 habitantes, está obligado a desarrollar un chequeo de estas características.
La ordenanza contempla que, en 2016, el presupuesto municipal deberá incluir una partida para la tramitación de estos informes de evaluación de edificios, así como para su seguimiento y control. Actualmente, la normativa se encuentra en periodo de alegaciones.
