Un juez de Palma ha aceptado a trámite una querella criminal contra el alcalde de Sóller, Carlos Simarro, por los delitos de coacciones y prevaricación. Esta decisión supone que, con toda seguridad, el primer edil será citado como imputado para que se defienda de estas graves acusaciones. Su imputación, que todavía no se ha producido, pone en peligro la candidatura de Simarro como cabeza de cartel del PP para presidir el Ayuntamiento de Sóller, ya que el código ético del partido impide presentar a un imputado como candidato.
Este querella la ha presentado un hotelero del Port de Sóller, Cristóbal Rosselló, que acusa al alcalde de un presunto delito de prevaricación administrativa por haber ordenado a la Policía Local que precintara el servicio de alcantarillado cuando el establecimiento estaba ocupado por turistas. Se trata del hotel Edén Norte, que fue adquirido hace tres años por la corporación Rosselló Castell. Lo compró al anterior propietario, que se encontraba en situación de concurso. Por falta de pago, la empresa que gestiona la explotación del agua y alcantarillado en el municipio de Sóller, ordenó la clausura del suministro de agua. El nuevo propietario intentó pagar la deuda, pero no llegó a un acuerdo con la empresa municipal porque no estaba dispuesto a abonar la cantidad económica que se le exigía para reanudar el servicio de agua. Sin embargo, en plena negociación por el pago de esta deuda, el alcalde Simarro dictó un decreto de alcaldía ordenando el sellado de la conexión del hotel a la red de alcantarillado. En ese momento el hotel estaba abierto al público en plena temporada turística. La empresa acudió a los tribunales para paralizar la orden municipal. Un juez aceptó el recurso y anuló de inmediato el decreto de alcaldía y, por tanto, obligó a que se reabriera el alcantarillado. Si no se hubiera dictado esta orden, el hotel se habría visto obligado a desalojar a sus clientes.
La empresa de agua recurrió esta orden judicial. Sin embargo, la Audiencia la ha confirmado y en la resolución se señala que el decreto que firmó el alcalde Simarro había sido injusto. El tribunal entiende que se trató de una coacción para que el hotel pagara la deuda que se le exigía y aceptara las condiciones que imponía la empresa.
La empresa, a través del abogado Miguel Borrás, respondió ante esta decisión municipal, anulada por los tribunales, presentando una querella contra el alcalde. Este escrito ha sido aceptada a trámite por el juez Miguel Florit, que ha citado al empresario Rosselló para que ratifique la denuncia.
