"La competencia ilegal por parte de particulares que alquilan sus segundas viviendas nos está machacando. En el último año la oferta sin permisos se ha doblado sin que podamos hacer prácticamente nada". Así de clara se muestra Margalida Galmés, presidenta de la asociación de agroturismos y casas rurales de Manacor, Ruralcor. Y es que el alquiler ilegal, tanto de apartamentos de costa como de casas de campo, por parte de particulares sin el pertinente permiso oficial como casa vacacional, está hundiendo el mercado regulado del municipio, preocupado de cara a nueva temporada de primavera y verano.
De hecho, y con la finalidad de conseguir más clientes que alojar por noches, estas segundas residencias campestres se ofertan en agencias y portales virtuales, aprovechan la cercanía de un agroturismo asociado, para utilizar su mismo nombre. "La competencia es muy dura. Nosotros no podemos competir con ellos a nivel de precios, simplemente porque debemos hacer frente a unas obligaciones a nivel fiscal, económico y de trabajadores".
Buena parte de la competencia 'pirata' se anuncia también en páginas de internet alemanas o dirigidas al mercado germano, muchas de ellas solo referenciadas por la palabra Manacor, sin especificar una zona concreta. "He llegado a ver como casas de la comarca se alquilaban a 15 euros la noche, con capacidad para seis personas.
Es evidente que no tendrán todas las comodidades de un agroturismo, pero también lo es que es imposible igualar precios", dice Galmés, cansada de protestar por la situación ante la conselleria de Turismo. "El Govern debería actuar y realizar un trabajo más profundo en este sentido, aunque mucho me temo que no será así. Las denuncias en este sentido se le acumulan y no actúa".
Aunque también hay que decir que la mayoría son denuncias generalistas del estado de la situación, y muy pocas son particulares, ante el temor de posibles represalias por parte de los vecinos ilegales. "Mientras tanto somos nosotros quienes pasamos inspecciones y los que debemos estar registrados y con todo el regla".
Galmés propone a la Conselleria que al igual que pasa con los 21 agroturismos, apartamentos y hoteles rurales que componen Ruralcor, obligue a las agencias que ofertan estos alquileres ilegales "a poner junto al anuncio, una matrícula, una referencia que haga que el cliente pueda distinguir cual tiene permiso oficial. De lo contrario todo queda mezclado. El Govern debe exigir a las agencias un mínimo de calidad y seriedad".
