Diversas causas judiciales contra el consistorio, gobernantes y técnicos municipales se van resolviendo con archivos y denegaciones a trámite. Por ejemplo, la Fiscalía ha archivado una denuncia de Manuela Meseguer, representante del PP, por unas presuntas dietas ilegales que se pagaron a los asistentes al consejo de administración de la empresa municipal Bellver, encargada de recogida de residuos, promoción turística y explotación depuradora.
El alcalde, Mateu Puigròs (Grup Independent de Son Carrió), explicó ayer a este diario que se subsanó un error administrativo y "se ha demostrado que Meseguer no tenía argumentos suficientes en su denuncia a Fiscalía, por lo que se han archivado las diligencias".
Por esta y otras causas abiertas, Puigròs acusa a Meseguer y al PP de "pretender debilitar la acción de gobierno". En este sentido, "este asunto de Bellver y otras denuncias responden a la misma intención de querellarse por cualquier motivo y sin justificación, confirmando una estrategia estrictamente electoralista a fin de crear un estado de opinión en contra de las decisiones del pacto y del alcalde".
De hecho, también ayer Puigròs informó de que la Justicia ha denegado la admisión a trámite de la querella interpuesta por la empresa Carrilets Turístics SL, contra los miembros de la mesa de adjudicación del expediente y los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares del contrato de explotación del servicio de minitrén turístico en Cala Millor-s´Illot-sa Coma, aprobado en enero de 2014 por el pleno del ayuntamiento de Sant Llorenç. Asimismo, la querella iba contra los miembros de la junta de gobierno que votaron a favor de la propuesta elevada por la mesa de contratación y contra los técnicos que informaron durante la tramitación del expediente, por presunto delito de prevaricación.
La justicia ha concluido que "los hechos recogidos no son constitutivos de infracción penal". Falta por resolver el contencioso que también interpuso Carrilets.
El PP de Meseguer, muy en sintonía con las denuncias de Carrilets, el pasado año llegó a pedir la anulación de la adjudicación del minitrén y que se repitiese el proceso en favor de la transparencia. Hay que recordar que ganó la empresa Cala d´Or Express, y que el servicio no se activó hasta octubre (la adjudicación fue en mayo).
"No se han cometido delitos"
Puigròs siempre ha reiterado que las decisiones se toman en base a informes técnicos-jurídicos y que el respeto a las leyes y normas es total. "Nunca ha habido mala fe ni premeditación, aquí las cosas se hacen bien y no se ha cometido delito alguno", subraya. Respecto a los informes sobre índices de contaminación, y otros aspectos cuestionados por Carrilets, señala que los técnicos actuaron en todo momento correctamente. En cuanto al retraso en la puesta en marcha del minitrén, "se debía adaptar el local y había un plazo de 8 meses para poner el nuevo tren, por lo que todo ha sido legal".
Otras causas pendientes de resolución judicial: complemento al inspector policial; derribo-reforma Sala Rigalt y pistas de pádel.
