El juzgado de primera instancia número 1 de Inca ha ordenado al Ayuntamiento de Inca para que aporte a dicho juzgado cuanta documentación obre en su poder referente a las obras de instalación de césped en el polideportivo Mateu Cañellas. El juez requiere esta documentación a instancias de la investigación que desarrolla como consecuencia de una demanda presentada por la empresa Inversiones Tonide SL que reclama el pago de 70.000 euros por un fleco de dichas obras.

Hasta este punto todo parece una falta de entendimiento entre un promotor y su cliente, pero la madeja se lía cuando se comprueba que Tonide no reclama esa cantidad al Ayuntamiento sino al Club Esportiu Constància. Dicho club es una entidad ajena a la propiedad del Polideportivo Mateu Cañellas puesto que el titular es el propio Ayuntamiento.

Otra coincidencia es que en la actualidad el concejal de deportes del Ayuntamiento de Inca, Andreu Gili, es el presidente de la junta gestora que rige el club deportivo. Sin embargo, Gili sostiene que desconoce las razones por las que se hizo una inversión de una entidad privada en una propiedad pública y porque una empresa dice que aún se le debe dinero.

Intermediario

Pero es que además, el Constància se enfrenta a la demanda por unas obras de las que sólo fue intermediario para que el Ayuntamiento pudiera acceder a una subvención de la Federación de Fútbol.

Las obras de instalación del césped artificial en el Campo de Fútbol Municipal se sufragaron con la aportación correspondiente al uno por ciento de la recaudación de las quinielas que la Federación de Fútbol destina a inversiones en instalaciones deportivas. El problema radica en que la Federación sólo puede aportar subvenciones a entidades deportivas y no a administraciones locales. Para posibilitar estas obras la Federación Balear, el Ayuntamiento de Inca (presidido entonces por Pere Rotger) y el Constancia (que presidía Jordi Guirado) firmaron un convenio que, mediante una argucia legal, posibilitaba la inversión.

El convenio establecía que el Constancia era el contratista y que la Federación financiaba las obras. A cambio, el Ayuntamiento ponía a disposición del club y de la federación, las instalaciones municipales para eventos oficiales y para entrenamientos.

La factura por las obras de instalación del césped asciende a 230.619 euros, de los cuales la Federación ha pagado 70.000 y 90.000 euros en sendos cheques que el Constancia endosó al constructor.

Éste reclama ahora 70.000 más, que figuraban aceptados en el presupuesto que firmó Guirado y que, según la empresa, no se han pagado.

Hace sólo unos meses, el Constancia, que aún presidía Antoni Ramis, se opuso al pago y a causa de ello se vio inmerso en una demanda judicial. El terreno donde se efectuó la inversión no es suyo, es del Ayuntamiento. El alcalde de Inca, Rafel Torres, asegura que "el Consistorio no tenía que pagar nada.

Queda muy claro en el convenio; si faltan 70.000 euros es cosa del Constància o de la Federación". Sin embargo, ahora el Constància está tutelado por el Ayuntamiento de Inca y el concejal de deportes asegura en su doble función de presidente que el "club no puede asumir ese pago".