Se cumplió el guión previsto en el pleno extraordinario del ayuntamiento de Santanyí celebrado ayer. El PP, liderado por el alcalde, Llorenç Galmés, se negó a asumir responsabilidades por las polémicas fumigaciones aéreas en el municipio. Subrayó que la competencia es de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern, y que las operaciones han cumplido la normativa europea, estatal y autonómica. Acusó a la oposición de crear alarma social y recordó que exconsellers como Jaume Font (PP) y Gabriel Vicens (PSM) también usaron el insecticida Dimilin.

En contraste, el edil de Esquerra, Jaume Amengual, fue el más duro. Remarcó que si el Pacte de Progrés fumigó unas 600 hectáreas en una zona específica, el Govern Bauzá "cerca de 25.000". Lamentó que el PP no confirmase si se cumplió o no el protocolo previsto. "El alcalde nos acusa de crear alarma social cuando personas de nuestro municipio nos han hecho llegar no solo su preocupación y sus quejas, sino también sus denuncias", manifestó.

Algunos vecinos de la zona de s'Alqueria Blanca fueron rociados y el parte médico de una afectada constata los daños sufridos.

Por todo ello, Amengual espera que situaciones como estas "no se vuelvan a repetir y que el alcalde aporte la información que le requiere la oposición en las comisiones de gobierno".

Juli Fuster, del PSOE, abogó porque en próximas campañas se informe mejor, "se extremen las prevenciones en estos casos". Biel Vidal y Cristian García, del PI, reclamaron más garantías y transparencia, y que se intenten evitar daños a personas, zonas de valor medioambiental y cultivos ecológicos, priorizando los servicios municipales y cazadores en lugares puntuales. El PP y el resto de partidos agradecieron la labor anual de cazadores, trabajadores del ayuntamiento, Policía Local y voluntarios de Protección Civil para eliminar la procesionaria.