El ministerio de Justicia no tiene entre sus partidas, ni por tanto entre sus proyectos, la construcción en 2015 de los nuevos juzgados de Manacor. Madrid no ha incluido en los presupuestos del estado una de las obras más reivindicadas de los últimos años, tanto por el Ayuntamiento (cansado de pagar alquileres en varias sedes repartidas por el centro de la ciudad), como por el Colegio de Abogados, que en reiteradas ocasiones ha expresado su malestar ante la situación decadente y la estrechez de las actuales instalaciones.
Aunque lo más preocupante sea que los plazos se van agotando y queda apenas un año y medio para que finalice el convenio, firmado en febrero de 2011 entre el Ayuntamiento y el Estado. El acuerdo aprobado por el pleno municipal estipulaba la cesión, por un periodo de cinco años, de un solar de 4.595 metros cuadrados en la calle Pilar, a las afueras de Manacor, junto a la actual ronda de Felanitx. Ahora que ya queda poco para cumplirse el lustro, el consistorio de Antoni Pastor ve más cerca el retorno de los terrenos a titularidad municipal, que la edificación efectiva del proyecto. "Es evidente que si los plazos se agotan pediríamos que Madrid nos devolviera el solar".
La única 'excusa' posible, a parte de la falta de liquidez económica, sería que desde el Ministerio siempre se había pedido que el ayuntamiento de Manacor cediera terrenos para un mínimo de 6.000 m2 construidos, lo que sería factible alzando un edificio de más de una planta. Y además el propio Gobierno aceptó la cesión en su día.
El tiempo acucia y nada se mueve en la calle Pilar. Mientras, el consistorio manacorí debe mantener, en régimen de alquiler, una serie de pisos y espacios que podrían eliminarse de hacerse realidad el nuevo Palacio de Justicia. Actualmente los juzgados de instrucción del partido judicial de Manacor están diseminados entre la plaza Font i Roig, la calle Major y la calle Jaume II.
El dato curioso es la titularidad del actual edificio principal, situado junto al claustro de Sant Vicenç Ferrer, que hace unos años se descubría que seguía siendo del Ayuntamiento 30 años después. Y es que en 1982, cuando la corporación local acordó la cesión, nadie del consistorio llegó nunca a firmarla.
