El equipo de gobierno del ayuntamiento de Pollença, integrado por el PP y el PI, no comunicaron al patronato de la residencia municipal la existencia de una sanción de 6.900 euros impuesta hace dos años por el Govern debido a una serie de deficiencias sanitarias detectadas en la residencia pública.
Así lo denunció ayer el grupo municipal de Més per Pollença, que "deplora" la falta de información que, a su entender, se ha producido en este caso y en todas las cuestiones "en las que el equipo de gobierno no tiene intención de ser transparente". "A pesar de la apariencia de comunicación que pretende ofrecer el equipo de gobierno, ésta se queda en simple propaganda y se siguen ocultando los temas que no interesa que trasciendan", apunta el portavoz de la coalición, Tomeu Cifre Bennàssar.
El caso se remonta al pasado 9 de julio de 2012, cuando la conselleria de Salud y Consumo notificó al ayuntamiento 'pollencí' la interposición de una sanción por el incumplimiento del protocolo de prevención de la legionelosis en la residencia social de Pollença.
La sanción fue conocida el pasado mes de julio por los miembros del patronato, que aprobaron una relación de gastos no registrados, entre los que figuraba la citada sanción impuesta por el Govern, que con el recargo del cinco por ciento debido a la demora producida en el pago se ha quedado en la cantidad de 7.245 euros. Este hecho, según Més per Pollença, es "una muestra más de dejadez" por parte del gobierno municipal presidido por el popular Tomeu Cifre.
Una vez interpuesta la sanción al Ayuntamiento, el equipo de gobierno tramitó un recurso de alzada que fue desestimado en su mayoría, ya que solo se aceptó una de las cuatro alegaciones presentadas. La sanción de 6.900 euros se impuso al Ayuntamiento por no haber presentado los certificados de limpieza e inspección anuales, así como las analíticas de legionelosis, y tener registros de mantenimiento de las instalaciones que estaban incompletos.
Según Més per Pollença, "esta sanción debería haber sido informada y tratada en el patronato de la residencia", en el que tienen representación todos los grupos políticos municipales, "para que este mismo organismo se encargara de aprobar los recursos". Según la coalición, también debería haber sido el patronato el ente encargado de depurar responsabilidades por la falta de mantenimiento del equipamiento público. Més reclama que el patronato y el resto de organismos autónomos sean "órganos de decisión reales" y no entidades sin contenido.
