El 90% de las zonas verdes del municipio de Manacor quedarán hoy oficialmente suspendidas por un periodo mínimo de un año. Así lo acordó ayer el pleno reunido, de forma extraordinaria, con el propósito de evitar que las arcas locales carguen con el pago de cantidades multimillonarias por sus expropiaciones forzosas, que podrían llegar a significar un desembolso total de 500 millones de euros y, como consecuencia, la bancarrota municipal.

Una prioridad que se sustenta en la nueva ley del suelo aprobada a principios de año por el Govern, y que en uno de sus apartados ofrece una salida a los consistorios para dejar en el aire todas aquellas reclamaciones particulares de expropiación, que no hayan iniciado aún su andadura judicial, lo que en Manacor afectaría a 150.000 metros cuadrados de terrenos.

Para ello el primer paso ha sido dejar sin efecto y archivar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado de forma inicial el 30 de marzo de 2007, e iniciar un procedimiento de revisión del planeamiento urbanístico general (Normas Subsidiarias de 1980 y modificaciones puntuales posteriores), y acordar la elaboración de un nuevo Plan General, cuya primera aprobación deberá ratificarse antes de doce meses.

"Con ello queremos parar todas las demandas millonarias y cerrar la puerta de manera definitiva a las expropiaciones forzosas", señala la regidora de Urbanismo y teniente de alcalde, Catalina Riera (PI), quien apunta que el próximo PGOU será de mínimos, "con objetivos básicos y generales y sin grandes operaciones urbanísticas". Tras su aprobación inicial se abriría un periodo máximo de tres años para proceder a su publicación definitiva, lapso de tiempo en que se mantendría la suspensión de zonas verdes.

Lo que sí que está previsto que se publique hoy en el BOIB es ya el acuerdo del pleno municipal, apoyado por los once ediles del equipo de gobierno y las abstenciones de PSOE, PSM, PP y Esquerra, quienes pese a reconocer la necesidad de la decisión, criticaron los tiempos de actuación del ayuntamiento de Antoni Pastor y la incapacidad de haber podido aprobar un PGOU durante los once años que lleva al frente de la corporación.

"En ningún caso se ha tratado de improvisación, sino de discreción, de proteger los intereses municipales y de los ciudadanos porque simplemente no nos fiamos del Jurado Provincial de Expropiación, de sus criterios. Y no me hagan hablar más de la cuenta", criticó respondiendo a los portavoces de la oposición. "En todos estos años ha sido prácticamente imposible sacar adelante un Plan General porque cada dos por tres se estaba tramitando una ley del suelo nueva".

Cabe recordar que el pasado noviembre el ayuntamiento de Manacor rebajó el techo poblacional de 125.000 a 83.000 habitantes, precisamente para poder ajustar también las zonas verdes, cuyas hectáreas se mantenían como si el municipio pudiera crecer hasta las 180.000 personas.