La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan si la presunta trama corrupta en la Policía Local de Calvià tenía contactos con redes de narcotraficantes que operaban en el municipio y si hacían la vista gorda con vendedores ambulantes y prostitutas -muy presentes en la zona de Magaluf- a cambio del cobro de sobornos.
La titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma, Carmen González, prosiguió durante la jornada de ayer con la toma de declaraciones de varios agentes en calidad de testigos, después de que el lunes pasado ordenase de forma fulminante el ingreso en prisión preventiva del jefe de la Policía Local, José Antonio Navarro, del responsable de la Unidad Canina, Miguel P. y del agente Antonio S.
Las defensas legales de los tres detenidos -Jaime Campaner (abogado de Navarro), Miguel Arbona (de Miguel P.) y Gaspar Oliver (de Antonio S.)- ya trabajan en la presentación de los recursos para lograr la libertad de los policías, actualmente en prisión preventiva.
A pesar del hermetismo que rodea al caso, bajo secreto de sumario, han trascendido algunos detalles de la investigación, en la que desempeña un papel clave la información aportada por un grupo de empresarios de la noche de Magaluf sobre supuestas extorsiones y tratos de favor a determinados locales de esta zona neurálgica del municipio.
Introducir droga
Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil analizan en estos momentos otras posibles acciones de la presunta trama corrupta. Así, se intenta determinar si han actuado en connivencia con redes de narcotraficantes que operan en el municipio de Calvià.
En este sentido, cabe recordar que la investigación deberá aclarar si se produjeron casos de extorsión por parte de los agentes introduciendo drogas en determinados locales para incriminar a sus propietarios.
En una de las grabaciones aportadas por un grupo de empresarios de Magaluf a la Fiscalía Anticorrupción, se observa cómo un policía entra en un establecimiento y después sale.
A continuación, según informan fuentes cercanas a la investigación, ese local sería objeto de una inspección por parte de la unidad canina de la Policía Local de Calvià para determinar si había sustancias estupefacientes. La unidad canina, creada en mayo del año 2010, cuenta con tres perros, de los cuales dos se dedican a controles de seguridad y uno a detección de drogas
Los agentes encargados de las pesquisas trabajan también sobre el escenario de que la presunta trama corrupta intentase sacar partido económico de actuar en connivencia con la actividad de determinados vendedores ambulantes y prostitutas callejeras, a cambio del cobro de una cantidad económica.
Problema de primer orden
Magaluf y su principal arteria, Punta Ballena, acaparan durante la temporada alta una gran actividad de venta ambulante y de meretrices en la vía pública. En el caso de la prostitución, ha constituido desde hace lustros un problema de seguridad de primer orden para las autoridades municipales, por los delitos de hurtos y lesiones que se asocian a su práctica.
Estos aspectos de la investigación se integran en las complejas pesquisas que se aceleraron después de que un grupo de empresarios de Magaluf aportase una serie de documentación a la Fiscalía Anticorrupción.
Algunos de estos empresarios son de nacionalidad británica y estarían vinculados a una compañía especializada en organizar las denominadas excursiones etílicas (lo que se conoce en su acepción inglesa como pub crawling).
Una de estas rutas alcohólicas fue la que desembocó este verano en un local aledaño a Punta Ballena, donde se grabó el famoso vídeo de la felación colectiva que dio la vuelta al mundo y generó un gran escándalo político y turístico. A la compañía organizadora y al dueño de establecimiento donde se grabó el vídeo el Ayuntamiento les impuso el pasado julio una multa de 55.000 euros por estos hechos, al considerar que había habido presencia de menores.
Asimismo, se decidió el cierre del establecimiento por un periodo de 12 meses, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo, a la espera de que el Ayuntamiento resuelva el periodo de alegaciones. Además, otro local fue sancionado con esa misma sanción por superar el aforo durante una excursión etílica organizada por esta empresa. A la Fiscalía ha acudido también al menos otro empresario mallorquín de la zona, con bares en la zona cercana a la macrodiscoteca existente en Magaluf.
Mundo empresarial
El hermetismo que marca la investigación judicial constituye también la nota predominante entre las reacciones del mundo empresarial de Punta Ballena, en el ojo del huracán durante todo el verano.
El día después de la noticia de la triple detención policial, la calle transpiraba normalidad, pero también secretismo.
“Hay mucho miedo a hablar, sobre todo por las posibles represalias. Hay una auténtica psicosis”, apuntaba un empresario, que recordaba la batería de inspecciones que se ha producido este verano en Punta Ballena, después del escándalo del vídeo de la felación colectiva en un bar.
“Sabemos que ha habido algunos comportamientos escandalosos. Pero, porque algunos saquen los pies del tiesto, no podemos generalizar a todo el sector”, declaró ayer, por su parte, el presidente de la asociación de comercio turístico Acotur, Pepe Tirado. Entre los asociados a esta entidad, figuran varios establecimientos de Punta Ballena.
El recrudecimiento de las inspecciones y del control administrativo, que ha derivado en cierres de locales y en precintos de la actividad musical, han generado este verano un mayor enrarecimiento del clima empresarial de Punta Ballena.
