Uno de los veranos más controvertidos en Calvià en cuestión de imagen turística y escándalos mediáticos se ha cerrado estrepitosamente, con un colofón de impacto. La titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma decretó ayer la prisión preventiva para el jefe de la Policía Local del municipio, José Antonio Navarro, un jefe de unidad y un agente.
Las detenciones se produjeron después de que, desde el viernes, empresarios de la noche de Magaluf hayan prestado declaración ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la propia juez, aportando información sobre supuestas extorsiones, tratos de favor a determinados locales y tráfico de drogas.
El ayuntamiento de Calvià expresó "su más absoluto respeto" a la decisión judicial, ofreció su colaboración "sin fisuras" en la investigación y anunció que, hasta la resolución del caso, el oficial José Luis Rubiales asumirá las funciones de Navarro.
Los hechos se sucedieron de manera vertiginosa a lo largo del fin de semana. Navarro fue detenido el domingo por la Guardia Civil. Los otros dos implicados fueron citados en el juzgado para prestar declaración como detenidos. Al acabar la declaración, el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, pidió la prisión preventiva para los tres, una decisión que acordó la juez de madrugada.
Según informaron fuentes jurídicas, la causa abierta constituiría un fleco de la relacionada con supuestas irregularidades en la Policía Local de Palma, en la que se investigan presuntas anomalías en las oposiciones policiales y presuntos casos de extorsión a locales nocturnos. La investigación la realiza la Brigada de Información de la Guardia Civil.
Prueba clave
En la fulminante decisión de la juez, habría tenido un papel determinante una de las pruebas aportadas por los empresarios: una grabación efectuada en un local. De acuerdo a distintas fuentes consultadas por este diario, en el vídeo se ve a un agente de la Policía Local entrando en el bar. A continuación, sale y vuelve a entrar en el establecimiento.
La grabación sería especialmente incriminatoria, según estos testimonios. De hecho, una de las circunstancias que deberá determinar la investigación es si se produjeron acciones de extorsión policial, introduciendo drogas para incriminar a determinados dueños de locales.
Entre los empresarios que han acudido a la Fiscalía para aportar documentación, figuran nombres conocidos de la noche de Magaluf, una localidad que este verano ha sido fuente de escándalos de índole sexual con graves repercusiones en la imagen turística del destino a escala internacional. Algunos de estos empresarios son de nacionalidad británica y estarían vinculados a la compañía Carnage Magaluf, una empresa especializada en organizar las denominadas excursiones etílicas (pub crawling).
Una de estas rutas alcohólicas fue la que desembocó este verano en un local aledaño a Punta Ballena, donde se grabó el vídeo de la felación colectiva que generó un escándalo político y turístico. A Carnage Magaluf y al dueño de establecimiento donde se grabó el vídeo les impusieron el pasado julio una multa de 55.000 euros por estos hechos.
También se decidió el cierre del establecimiento por un periodo de 12 meses, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo, a la espera de que el Ayuntamiento resuelva el periodo de alegaciones.
Además, otro local fue sancionado con esa misma sanción por superar el aforo durante una excursión etílica organizada por esta empresa. A la Fiscalía ha acudido también al menos otro empresario mallorquín de la zona, con bares en la zona cercana a la macrodiscoteca existente en Magaluf.
El mes pasado, titulares de negocio en la zona que habían sufrido precintos de sus actividades musicales por no cumplir con la normativa denunciaron a este diario la "diferente vara de medir" que había tenido la administración al no hacer cumplir la normativa del mismo modo para todos.
En los dos primeros meses de la temporada alta, entre junio y julio, el Ayuntamiento realizó inspecciones en medio centenar de locales de ocio de Magaluf, con el resultado de la clausura total o parcial de la actividad en un 10% de los negocios inspeccionados.
Tratos de favor
Precisamente, los tratos a favor a determinados empresarios constituyen otros de los hechos que deberá dilucidar la investigación, que continúa abierta y que se lleva fraguando desde hace tiempo.
De hecho, fuentes jurídicas explicaron que la investigación ha puesto su ojo también sobre responsables políticos.
*Con información de: B. Palau y A. F. Vallespir
