La secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, dependiente de la conselleria de Hacienda y Presupuestos, ha remitido un escrito al juzgado de instrucción número 12 de Palma en el que constata que uno de los concesionarios de Radio Calvià querellados en el caso no ha solicitado nunca la clasificación empresarial.
Para la acusación socialista, éste constituye un punto de interés judicial, ya que recuerda que esta certificación es preceptiva para poder optar a un concurso público.
La emisora municipal se halla en el disparadero judicial tras la presentación de una querella el año pasado contra los dos últimos alcaldes populares (Manu Onieva y Carlos Delgado), sus jefas de prensa y los últimos concesionarios, por supuestas irregularidades en la gestión de los contratos de la emisora. Los socialistas cuestionan más de una quincena de contratos por un importe global de 1,4 millones. Hasta el momento, no se ha producido ninguna imputación.
Facturas a proveedores
Por otro lado, ese mismo concesionario ha remitido al juzgado de instrucción número 12 el libro de contabilidad referente al tiempo en que fue el adjudicatario de contratos en Radio Calvià, después de que así se le requiriera desde el juzgado.
En ese listado que se ha aportado a la causa, aparecen facturas que, bajo el epígrafe gastos generales, recogen pagos a proveedores. En este apartado, figuran gastos en restaurantes, con alguna factura de 174,30 euros; agencias de viaje (con una factura de 748,48, euros) y floristería (con un recibo de 119,10 euros).
En la relación de gastos, se encuentran también pagos a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por valor de 47,25 euros, así como pagos a la Sociedad General de Autores (SGAE), por un importe de 453,60 euros, y a la Sociedad Española de Radiodifusión (544,46 euros). En total, el apartado de gastos generales asciende a 7.673,42 euros. El libro de contabilidad aportado a la causa desgrana asimismo los gastos en el seguro de autónomo, en asesoría legal, en gasolina y en personal, entre otros conceptos. Este mes, la acusación socialista, representada por Pablo Alonso de Caso, solicitó una ampliación de la querella por el último contrato licitado por el Ayuntamiento para conseguir un servicio de colaboración para informativos y programas de entretenimiento.
