El lunes día 13 de octubre de 2003, un grupo de mallorquines, principalmente ´costitxers´, decidieron que había llegado el momento de decir basta. El PP acababa de recuperar el poder gracias a un pacto con UM, tras cuatro años del primer gobierno de izquierdas en la historia democrática de esta comunidad. Arrancaba la legislatura del desenfreno urbanístico y, como se demostraría años después, de la corrupción desaforada.

Aquella noche en la que entre 150 y 200 isleños decidieron aparcar para siempre el ´tanmateix´ tan típico de esta tierra, se debatía en el ayuntamiento de Costitx una moción del PSM contraria a la construcción de la autovía Inca-Manacor que PP y UM se habían sacado de la manga para dar rienda suelta a su voracidad urbanizadora. Los manifestantes tomaron el Consistorio de forma pacífica y retuvieron a la alcaldesa y presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, durante más de dos horas. Tuvo que ser escoltada por una decena de agentes de la Guardia Civil, entre gritos y empujones.

Algunos opinan que allí nació la conciencia ambiental de muchos mallorquines. De hecho, más de 45.000 personas llenaron las calles de Palma contra la política urbanística de PP y UM un año después, en febrero de 2004, en una de las manifestaciones históricas celebradas en esta isla.

Después de que el suceso hiciera correr ríos de tinta, vendría la represión. Catorce de los manifestantes de Costitx fueron condenados meses después a multas de hasta 6.000 euros por el encierro en el Ayuntamiento.

Diez años después de aquellos acontecimientos, los participantes en el encierro de Costitx recuerdan la anécdota con una sonrisa en los labios. Hace unas semanas se reunieron en un domicilio particular para recordar los hechos y llegar a la conclusión de que ´quien ríe el último ríe mejor´.

"La verdad es que el tiempo ha venido a darnos la razón", opina uno de los manifestantes, Biel ´Parra´, residente en Sineu. Admiten que, cuando recibieron las notificaciones con sanciones de 6.000 euros por haber participado en una concentración pacífica no tenían ganas de reir, pero también es cierto que la mayoría de ellos no llegaron a pagar esta cantidad. "El GOB nos ofreció asesoramiento jurídico y nos ayudó a la hora de presentar los recursos", recuerda Biel. Tras un primer recurso, la sanción quedó reducida a 3.000 euros. Incluso la propia Munar, tal vez en un ejercicio de cinismo, llegó a ofrecer a los abogados de UM para defender a los multados, "aunque solo un joven se acogió a este asesoramiento".

Después, un segundo recurso dejó la multa en apenas 300 euros que la mayoría llegaron a pagar, pero posteriormente recuperaron parte de esta cantidad gracias a los numerosos actos solidarios que se organizaron para colaborar con los manifestantes de Costitx. Parte del dinero también fue destinado a Eivissa para ayudar a los antiautopista de la isla vecina.

Durante la comida de compañerismo organizada por los multados de Costitx se habló de la "aleatoriedad" con la que se impusieron las sanciones. "A partir de las fotos fueron seleccionando a la gente por ser nacionalista o de izquierdas, y así nos lo confirmó después un edil de UM de Costitx (Sebastià Aulet) que en aquel pleno se negó a apoyar la autovía y se marchó llorando", explican.

La idea de que el tiempo ha dado la razón a estos manifestantes está sustentada por la actualidad. "Basta comprobar que nosotros no llegamos a pagar las multas desorbitadas que nos impusieron, mientras que los políticos que en aquellos años tenían el poder están en la cárcel o imputados o a punto de ser encerrados", opina este ´sineuer´ en clara referencia a la propia Munar y al entonces president del Govern, Jaume Matas, como consecuencia de los desmanes cometidos en aquella fatídica legislatura.

El recuerdo de la lucha contra la autovía Inca-Manacor todavía está vivo en el Pla, la zona más afectada por aquel proyecto desmesurado e innecesario que finalmente fue abortado. El orgullo de la comarca ha quedado intacto.