El pleno del ayuntamiento de Artà aprobó anteayer, tal y como estaba previsto, los presupuestos municipales para 2014, que ascienden a 11.200.000 euros. Las cuentas fueron aprobadas con los votos del equipo de gobierno en minoría, Unió d´Independents d´Artà y Proposta per les Illes, y los del PSOE, en la oposición, que manifestó su intención de optar a la alcaldía en 2014. Los socialistas respaldaron los presupuestos después de ver aceptadas tres de sus propuestas: la de cambiar la plaza de un técnico jefe de personal por la de un técnico de medio ambiente; desglosar de la partida de inversiones 12.000 euros para un cerramiento en la pista polideportiva que emplea el instituto, para que en un futuro pueda ser usada por los vecinos en horario no escolar, y por último, que la partida prevista para la fundación del teatro, que a partir de ahora se encargará también del Plan turístico de Artà, se apruebe primero en la junta que el patronato realizará la próxima semana.

El alcalde, Jaume Alzamora (UIA), destacó la reducción de tasas e impuestos como la recogida de residuos o el IBI y el aumento del gasto corriente que permitirá invertir en centros municipales, como finalizar el edificio de la tercera edad en la Colònia de Sant Pere o renovar el tejado del mercado municipal.

Según Alzamora, todo ha sido posible gracias a la disminución de la deuda que se ha logrado, en total unos dos millones de euros desde 2011.

La sorpresa de la noche fue el anuncio de los socialistas de querer aprobar el presupuesto, ya que si finalmente el alcalde renuncia al cargo el último año, para ceder la vara a Tolo Gili (PI), ellos se presentarían como candidatos. El líder socialista es ahora Manuel Galán. Esta postura abre un nuevo marco para conseguir la mayoría en el consistorio que podría dejar al actual alcalde hasta final de legislatura. De momento los socios regionalistas del pacto no quieren ni oír hablar de la posibilidad de que el PSOE tome la vara.

Alzamora criticó al PP y a Iniciativa Verds por no presentar ninguna propuesta.

Guillem Caldentey, edil de Iniciativa Verds, justificó su voto de castigo "por la gestión de residuos y la nueva demostración de desinterés por la legalidad urbanística, por la depuración de responsabilidades en lastres financieros y la no reclamación de la deuda ilegítima (préstamo ICO para el pago de proveedores)".