La resaca del revuelo político y mediático de los contratos de asesoramiento que suscribió el ayuntamiento de Binissalem -donde gobierna el Partido Popular- con un sociedad a la que la portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer, está vinculada profesionalmente llega a un buen número de ayuntamientos de la part forana en forma de una moción que puede interpretarse como un contraataque político en toda regla.

La moción, que el PP presentará en todos aquellos consistorios en los que se encuentra en las filas de la oposición, solicita que se ponga a disposición de su grupo municipal "una relación de todas las empresas que han facturado servicios, obras y suministro por valor superior a 18.000 euros a esta corporación en los años 2011 y 2012". El límite de los 18.000 euros se explica, porque a partir de esta cantidad se hace necesario por ley convocar un concurso público, por lo que parece evidente que se intenta recopilar información para determinar posibles irregularidades.

Según la información publicada por este diario el mes pasado, el ayuntamiento de Binissalem, gobernado por el PP con mayoría absoluta, pagó, al menos durante dos años completos, cantidades superiores a los 42.000 euros a una sociedad de asesoramiento de la cual es socia Cabrer, sin que existiera ningún tipo de contrato ni se convocara previamente un concurso público para que otras empresas pudieran optar al trabajo, tal y como exige la Ley para aquellos contratos que implican el pago de cantidades superiores a los 18.000 euros.

Modelo de moción

En la moción tipo que se presentará en los ayuntamientos, los populares se amparan en la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley Municipal y de Régimen Local de Balears, para recordar el "derecho a la información" de todos los miembros de la corporación.

Recuerdan además que éste es un derecho reconocido por el Tribunal Supremo "para el funcionamiento democrático" de la administración municipal y " para el derecho fundamental de participación en los asuntos públicos".

Cuando salieron a la luz pública los contratos de Binissalem, que el PP atribuyó a una filtración del Grupo Municipal Socialista, Cabrer argumentó que el asesor que ahora trabaja para su bufete (Quattuour Asesores) fue contratado por el Ayuntamiento en el año 2007 con el beneplácito de la oposición.

La portavoz parlamentaria del PP agregó en su momento que en ese año el asesor carecía de cualquier tipo de vínculo profesional con su despacho.