El pleno ordinario previsto para el martes en el ayuntamiento de Pollença someterá a votación la aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. La propuesta incluye novedades que afectan a los negocios situados en el ámbito del dominio público marítimo terrestre, competencia de la demarcación de Costas, que a partir de ahora pagarán menos dinero que antes por la instalación de terrazas exteriores.

La nueva propuesta fiscal ha sido adaptada a la reciente sentencia del TSJB de la que informó este diario el pasado 26 de febrero y que daba la razón a un negocio situado en primera línea del Port que denunció la existencia de una duplicidad de pagos por la ocupación, ya que, por una parte, abonaba la tasa municipal al Ayuntamiento y, por la otra, el canon correspondiente a la demarcación territorial de Costas.

Ahora, la nueva ordenanza corrige esta anomalía y elimina el pago de la tasa municipal a los comercios ubicados en terrenos que son competencia de Costas. El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (PP), explicó ayer que, a partir de ahora, estos negocios sólo pagarán un canon que se equipara a la cantidad que abonan los locales situados en zona municipal.

La propuesta del Ayuntamiento ha aceptado las alegaciones presentadas por propietarios de comercios que antes eran víctimas de la doble imposición y adapta la normativa a la citada sentencia judicial, que "supone un precedente que el Ayuntamiento debe tomar necesariamente en consideración". De esta forma, la ordenanza ya no incluye en el ámbito municipal el paseo Anglada Camarasa, el paseo Colón y el paseo Voramar, zonas que están situadas en el dominio público estatal y que "no pueden ser gravadas con una tasa que sólo puede afectar al dominio público local", admite la propuesta municipal.

Por otra parte, la nueva ordenanza incluye también la aplicación de los nuevos valores catastrales y fija unos nuevos porcentajes de aprovechamiento que se traducirán en una reducción impositiva. Según explicó ayer el alcalde, la reducción será de un 30 por ciento con respecto a la aprobación inicial de la ordenanza en las zonas de dominio público estatal y de entre un 5 y un 10% en las zonas que son competencia del Ayuntamiento.