200 personas protestan contra el TSJB y la suspensión de la explotación des Trenc

S. Sansó Unas 200 personas se concentraron ayer frente al ayuntamiento de Campos para protestar contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), de demoler la urbanización ilegal de ses Covetes y de dejar sin servicios turísticos la playa des Trenc hasta que los 68 apartamentos no estén derribados por completo.
Con pancartas con lemas como "gràcies señor jutge per llevar el pa als nostres fills" o "Senyor jutge, on anam a fer feina i a cobrar?", los manifestantes quisieron hacer referencia a la situación económica del municipio y a los pocos ingresos anuales que los servicios turísticos les reportan. "No quiero ser irrespetuoso en ningún momento con la Justicia, pero es cierto que carecemos de hoteles y de infraestructura costera. Los 1,2 millones previstos por las hamacas, sombrillas o chiringuitos representan el 10% de nuestro presupuesto", analizaba el alcalde Sagreras minutos más tarde. "Hay que recordar que eso da trabajo a un centenar de personas, cien familias que perderán ese ingreso".

Las ayudas firmadas
Las reflexiones las hacía tras firmar el protocolo de colaboración económica y administrativa con el Govern y el Consell y de salir a saludar a los vecinos, presentes desde minutos antes de las once de la mañana, que le dispensaron aplausos y palabras de agradecimiento por su gestión al frente del problema urbanístico.
Finalmente el convenio estipula que el Govern se hará cargo del 75% de los 452.000 euros que costará la demolición de ses Covetes. O lo que es lo mismo, la administración autonómica pagará 339.000 euros y el consistorio campaner 113.000.
El protocolo, que ayer mismo fue presentado ante el TSJB para que pueda ser revisado y aprobado lo antes posible, desglosa el coste del proyecto entre la cantidad destinada a la demolición de los trece bloques, la adecuación de los terrenos, la seguridad y salud: 443.723,45 euros, y la partida calculada para la gestión de residuos generados: un total de 8.336,64 euros más.
Ambas instituciones, representadas ayer por el vicepresidente económico del Govern, Josep Ignasi Aguiló y el presidente de la Agència de Disciplina Urbanística del Consell, Mauricio Rovira, han respaldado el acuerdo en base "a la falta de medios técnicos y económicos del ayuntamiento de Campos; a la vista de los perjuicios a los valores territoriales y medioambientales que supone la existencia de las construcciones en unos terrenos que tienen, según la sentencia, la condición de suelo rústico", a pesar de que los anteriores consistorios locales se llegaran a gastar más de 700.000 euros para tratar de legalizarlas y que siguieran en pie.
Según Sebastià Sagreras está previsto que el proyecto de derribo "pueda empezar a principios de esta semana que viene", siempre y cuando el tribunal acepte el acuerdo entre las tres partes y el Consell de Govern así lo ratifique hoy, junto al nombre de la empresa encargada, Tragsa.