Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) pone al descubierto la existencia de un problema que afecta a comercios en primera línea de costa, que por una parte pagan la tasa municipal de ocupación de la vía pública al Ayuntamiento y, por otra parte, el canon correspondiente a la demarcación territorial de Costas. La sentencia del TSJB da la razón a una empresa que había impugnado la liquidación de 2010 al considerar que había sido víctima de una doble imposición.
El fallo judicial desestima el recurso de apelación presentado por el ayuntamiento de Pollença contra una sentencia anterior del juzgado de lo contencioso-administrativo que anulaba, a una empresa con terraza en primera línea del Port de Pollença, la parte de la tasa correspondiente a la ocupación de la vía pública municipal, un total de 5.580 euros, y mantenía la parte correspondiente al abono del canon de costas por ocupación del dominio público marítimo-terrestre, que ascendía a 2.972 euros.
La sentencia admite que las tasas municipales "pueden ser establecidas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local", pero "siempre que se trate de ocupación de bien de dominio público local destinado al uso público, lo que no es el caso del Paso Anglada Camarasa (donde se ubica el comercio), incluido en el dominio público marítimo-terrestre estatal".
La reciente sentencia del TSJB confirma el fallo anterior en el sentido en el que no consideraba conforme a Derecho el pago de 5.580 euros al ayuntamiento de Pollença por parte del empresario porque "no se trata de bien demanial municipal y supone una doble imposición debido a que la sentencia apelada considera que la empresa ya abonó el correspondiente canon".
Por todo ello, la Audiencia desestima el recurso municipal e impone al Ayuntamiento ´pollencí´ las costas causadas por la apelación judicial.
Cambios en la ordenanza
El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (PP), reconoció ayer la importancia de la sentencia judicial, porque a pesar de referirse a un caso concreto protagonizado por un comercio del Moll, cree que "podría extenderse a todos los municipios de Mallorca afectados por el dominio público marítimo-terrestre de Costas".
Cifre explicó que, después de este fallo, el Ayuntamiento "estudiará" posibles modificaciones en la ordenanza de ocupación de la vía pública para que no vuelvan a producirse duplicidades en el pago.
"Hasta ahora, lo que hacemos es cobrar al empresario una tasa en base al valor catastral, a lo que sumamos la misma cantidad del canon que Costas exige al Ayuntamiento; a partir de ahora, intentaremos que el pago se realice a través de un único canon, aplicando el mismo sistema que ya se utiliza con el tema de la explotación de las playas del municipio", explicó el alcalde.
