El juzgado de lo social número 2 de Palma ha ordenado al ayuntamiento de Alcúdia a seguir pagando la nómina mensual de 2.263 euros brutos a la asesora jurídica que el actual equipo de gobierno formado por el PP y una regidora no adscrita despidió en el año 2011, poco después de asumir el poder municipal.
La medida judicial es una consecuencia de la inactividad municipal a raíz de una primera sentencia judicial emitida en septiembre del pasado año que reconocía el despido de la letrada como improcedente y daba al Ayuntamiento ´alcudienc´ la posibilidad de elegir entre la readmisión de la trabajadora o el pago de una indemnización de 56.847 euros. Una vez conocida la sentencia, el Ayuntamiento no aplicó ninguna de las dos medidas, por lo que la asesora despedida solicitó al juzgado la ejecución provisional de la primera sentencia.
El juzgado aceptó la solicitud de la abogada y requirió al ayuntamiento de Alcúdia a abonar el salario a la trabajadora desde el 4 de octubre de 2012, fecha en que se anunció el recurso de súplica por parte del Consistorio. Según el último auto judicial, la institución deberá seguir pagando la nómina mensual a la ex asesora hasta que la Audiencia resuelva el recurso municipal.
Polémica en el pleno
Esta cuestión motivó ayer un caliente debate en el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento en el que se aprobaron los presupuestos de 2013.
El portavoz de Convergència, Miquel Llompart,calificó de "ejercicio de irresponsabilidad" el hecho de no haber readmitido a la abogada o bien no haberla indemnizado, tal y como ordenó la sentencia del pasado septiembre, porque "en la actualidad esta persona no viene a trabajar y sigue cobrando, lo que supone una dejadez de funciones alarmante" por parte del equipo de gobierno. Llompart añadió que en el juicio por el despido de la letrada "el representante legal del Consistorio llegó a admitir que el despido se debía a motivos políticos".
Por su parte, la regidora Josefina Linares, del PP, afirmó que el Ayuntamiento "no ha despedido a nadie" porque la abogada "nunca ha tenido una relación laboral con el Consistorio, sino contractual". La edil popular sostuvo que, según informes municipales, la plaza que ocupaba la asesora desde el pasado año 1994 "tiene que ser ocupada por una persona que haya pasado por unas oposiciones, y por ello el Ayuntamiento no puede readmitirla".
De hecho, la institución convocó un concurso para cubrir la plaza al que no se presentó la abogada despedida, según remarcó el PP. El portavoz de Convergència replicó que no se había presentado porque las bases del concurso impedían que la letrada pugnase por la plaza, que ya ha sido ocupada por otra persona.
El equipo de gobierno ´alcudienc´ esperará ahora a que la primera sentencia, que ha recurrido, sea firme antes de tomar una decisión con respecto a la indemnización a la abogada despedida.
