Si usted es empresario y quiere trabajar con un municipio, tenga en cuenta que la ley se queda en papel mojado cuando se trata de pagar facturas. Y los ayuntamientos de Pollença y de Binissalem son los que más se la saltan. En 2010 el plazo máximo para liquidar la deuda con proveedores era de 60 días. Sin embargo, el consistorio pollencí, gobernado entonces por UM y PSOE, tardó una media de 224 días en abonar sus recibos: 3,5 veces más de lo que marca la normativa.

El de Binissalem, bajo la batuta de Jeroni Salom (PP), también triplicó el plazo de pago a proveedores: se demoró hasta los 194 días en saldar cuentas con las empresas que trabajaron para el pueblo.

Son, con diferencia, los dos ayuntamientos más tardones en hacer frente a sus pagos, según los datos extraídos del informe de la Sindicatura de Comptes que fue presentado esta semana y que analiza las cuentas municipales del ejercicio 2010.

En el documento no figuran los datos de Estellencs, ya que no rindió cuentas ante el órgano fiscalizador, ni los de Capdepera y Sant Llorenç des Cardassar, que no rellenaron este apartado cuando enviaron la documentación a la Sindicatura.

En total, hubo veinte ayuntamientos de Mallorca que tardaron más de 120 días de media en abonar las facturas de proveedores de servicios, suministros y obras, aunque 60 días era el límite legal. Tras Pollença y Binissalem, Sencelles, Mancor de la Vall, Ariany, sa Pobla y Alaró fueron los que más se retrasaron: entre los 170 y los 187 días todos ellos.

Todos los grandes municipios de la part forana incumplieron los plazos máximos legales de pago, aunque son los consistorios con más recursos económicos. Inca, Llucmajor, Marratxí, Alcúdia, Calvià, Manacor y Felanitx se demoraron entre 71 y 121 días.

En cambio, los que cumplieron las reglas fueron la minoría. Solo ocho ayuntamientos se ajustaron a la ley y tuvieron liquidez suficiente para pagar en menos de 60 días de media. Búger fue el más diligente y solo se demoró 10 días. Maria de la Salut tardó 23 días y Fornalutx, 26. Santanyí hizo frente a sus facturas en 28 días.

Lo que se ha convertido en una excepción debería ser lo habitual. Estos cuatro municipios tienen un doble motivo para ser felicitados: no solo porque pagan rápido y de acuerdo con la ley, sino porque ya están preparados para el cambio normativo que entrará en vigor en enero. A partir de 2013, el plazo legal máximo para pagar las facturas de los proveedores será de 30 días.

Al menos, esa es la intención del Gobierno central, que impulso cambios en la legislación sobre morosidad, para que las instituciones públicas no lastren la liquidez del sector privado.

Por ello, el Ejecutivo Rajoy impulsó la redacción de nuevos planes de ajuste en marzo. La parte positiva fue que los ayuntamientos hicieron borrón y cuenta nueva con sus facturas, ya que Madrid les obligó a concertar un crédito para pagar todas sus deudas pendientes con proveedores. Lo malo -según protestan las entidades locales- es que ahora tendrán que pagar ese adeudo con intereses.

El informe de la Sindicatura de Comptes revela que los ayuntamientos no son los únicos que van con retraso para pagar facturas. Las mancomunidades son aún más lentas. De media, sus creditores han de esperar 239 días para cobrar. Solo las de Migjorn y del Sud pagan antes de 60 días. Y las empresas públicas municipales se mueven en parámetros similares.