Una de las principales pesadillas ecologistas durante los últimos veinte años parece tener los días contados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), obliga al ayuntamiento de Campos a demoler los 68 apartamentos abandonados a medio construir en el núcleo de ses Covetes (muy cerca de la playa des Trenc) antes del próximo 15 de mayo de 2013.
En 1992 la promotora alemana Marina Ernst SL solicitó y obtuvo la licencia de obras municipal para edificar un conjunto residencial de trece bloques de viviendas, piscina y bar-restaurante en la playa de ses Covetes, en la zona conocida como Torre Marina. Las obras empezaron en 1994. El GOB, dirigido en aquellos momentos por Miquel Àngel March, el PSM y un grupo de particulares llevaron el caso ante la Justicia, que vio indicios de la ilegalidad en el complejo y ordenó en 1995 la paralización de los trabajos.
El último auto judicial, comunicado ayer, apunta precisamente a que los polémicos terrenos donde se asientan los inmuebles no tenían, en el momento de obtener la licencia urbanística en 1992, la condición de suelo urbano. La Ley de Costas de julio de 1988 "comportó que quedasen incluidos en el dominio público marítimo-terrestre, cuyo deslinde fue aprobado por la Orden Ministerial de 23 de abril de 1996, quedando fijada la servidumbre de protección en 100 metros", explica la Sala en los razonamientos jurídicos.
En los noventa dicha orden fue recurrida, entre otros, por el Ayuntamiento de Campos y por la promotora de los apartamentos, siendo desestimadas hasta en cuatro sentencias entre 2001 y 2002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En 2007 el TSJB declaró nula la licencia municipal de las obras y mandó ya entonces "restablecer la legalidad urbanística perturbada". Concedía un plazo de dos meses al ayuntamiento de Campos para llevar a cabo la demolición. El recurso de casación presentado por Marina-Ernst ante el Tribunal Supremo fue desestimado en julio de 2008.
El auto de ayer, al no ser una resolución firme, cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento presente un recurso de reposición ante la Sala durante los próximos cinco días. Sin embargo, el propio TSJB advierte de que "es ejecutiva, con lo que cualquier recurso que contra ella se presente, en principio, no suspende ni altera el transcurso de los plazos".
Ayer por la mañana el GOB celebraba la decisión en su sede de Palma. El propio March explicaba en rueda de prensa que se trata de una "gran noticia que obliga al Ayuntamiento a derribar los apartamentos. Aunque se impugne la resolución, la demolición debe llevarse a cabo". Respecto a si la nueva Ley de Costas podría afectar a su futuro, March fue claro: "Estos terrenos no eran urbanos en 1998 y la legislación deja claro que nunca podrán serlo". Durante el transcurso de la tarde, tanto PSM como el PSIB y EU manifestaron también su satisfacción por la esperada decisión judicial.
Calendario de plazos
En la parte dispositiva del auto, el TSJB ordena al alcalde del ayuntamiento de Campos, Sebastià Sagreras (PP) (hijo de uno de los principales promotores actuales de la urbanización), a registrar ante el Tribunal, y antes del 15 de enero, el proyecto de demolición "de todo lo construido". Antes del 15 de marzo deberán haber empezado las obras de forma efectiva, y con anterioridad al 15 de mayo, el consistorio tendrá que demostrar documentalmente la finalización del proyecto "y la restitución completa de los terrenos a la situación anterior al inicio de los obras licenciadas en 1992".
