La Defensora del Pueblo a nivel estatal, Soledad Becerril, tramitó el año pasado una queja relativa a los presuntos excesos policiales sufridos por prostitutas durante redadas en el municipio de Calvià. Sin embargo, tras realizar unas indagaciones en el ámbito municipal y judicial, no llegó a determinar ninguna responsabilidad negativa para los intereses de la Policía, según se puede comprobar en su memoria de actividades correspondiente a 2011 y presentada este año.

El caso concreto que se le planteó a la Defensora era el siguiente. Una meretriz había denunciado que, cuando estaba en una calle de Magaluf, los agentes se presentaron ante ella y le quitaron todas sus pertenencias. Según se relataba en la queja, los agentes le ordenaron subir al vehículo, conduciéndola a un lugar alejado, donde presuntamente "la sacaron violentamente, le tiraron del pelo, le rociaron la cara con un spray tóxico, debiendo desplazarse al hospital donde le realizaron un reconocimiento y le entregaron un parte de lesiones", apunta el informe de la Defensora.

Además, en otras ocasiones, se les conducía a las dependencias de la Guardia Civil o de la Policía Local, donde se les procedía a registrar e identificar. El departamento de la Defensora del Pueblo contrastó estas quejas a través de diferentes vías. En primer lugar, mediante un informe de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que hablaba de las diferentes actitudes de las prostitutas cuando son requeridas por los agentes.

Actitudes ante la Policía

Actitudes que, según el informe, van "desde la negativa a colaborar, a atentar contra los agentes de la autoridad, pasando por situaciones de lo más variopinto buscando llamar la atención y presentarse como víctimas ante la actuación policial, tales como emprender la huida, tirarse por los suelos, fingir agresiones, simular ataques de ansiedad o gritar de forma incontrolada". Y todo ello, "con la finalidad de dificultar y desprestigiar la labor de los citados agentes (tanto Guardia Civil como Policía Local)". La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil señalaba además que el fenómeno de la prostitución callejera en Calvià, que se concentra sobre todo en Magaluf y en menor medida en Santa Ponça, crea una "gran alarma social", puesto que lleva aparejadas "actividades ilícitas, como son los hurtos y robos con violencia e intimidación de los que son objeto los turistas en estado ebrio que circulan a altas horas de las madrugadas estivales", se puede leer en el documento de la Defensora del Pueblo.

En la referencia a este caso de Calvià, el informe de la institución estatal alude al hecho de que las mujeres detenidas son sometidas a un proceso de identificación en las dependencias de la Guardia Civil, con el objetivo de "comprobar la verdadera identidad de la persona" y determinar "si se encuentra en estancia regular en España". Durante el análisis de la queja, el departamento del Defensor del Pueblo pudo constatar asimismo que un juzgado de Palma desestimó las diligencias abiertas por la denuncia de unos presuntos excesos policiales contra una prostituta "al no poderse determinar responsabilidad alguna de los agentes.