El conocimiento de la lengua catalana será un requisito para todos los trabajadores del Ayuntamiento de sa Pobla, tanto para los actuales empleados municipales como para los que aspiren a ser contratados por esta administración. El PP de sa Pobla votó a favor de esa iniciativa en un pleno extraordinario celebrado ayer por la mañana.
La propuesta, que partió de una moción de urgencia presentada por el PSOE, solicitaba que el consistorio considerase que en los todos puestos de trabajo municipales se desarrollan funciones de atención al público.
De esa forma, se alegaba la necesidad de exigir el catalán "para garantizar el derecho que tiene [la ciudadanía] a dirigirse a su ayuntamiento en cualquiera de las dos lenguas cooficiales y en igualdad de condiciones".
La moción se acoge a un apartado de la nueva Ley de la Función Pública €la modificada por el Govern Bauzá€, que dice que, si el personal desempeña funciones con "características especiales", se puede justificar "que es imprescindible exigir el conocimiento de un determinado nivel de catalán".
A través de esa excepción legislativa, el alcalde, Biel Serra (PP), alega que la propuesta del PSOE está completamente ajustada a la ley y que no se incumple la normativa impulsada por su partido, aunque el PP de sa Pobla se desmarca así de la línea oficial popular.
Durante el pleno, la moción presentada por el socialista Lluís Socias no suscitó debate alguno y las cinco formaciones que forman el pleno (PP, IxSP, Lliga, PSOE y PSM-Entesa) la aprobaron por unanimidad.
Las consecuencias de esta propuesta se plasmarán en la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento, un listado que se publica de forma anual junto con los presupuestos municipales. En esta lista todas las plazas conservarán el requisito del catalán.
Además, el ayuntamiento también se compromete a que la lengua de Ramon Llull será considerada como obligatoria "a la hora de convocar pruebas de acceso para un puesto de trabajo" del consistorio.
La modificación de la Ley de la Función Pública especifica que "el conocimiento de la lengua catalana no será, de forma general, un requisito para acceder a la condición de empleado público" en las administraciones de Balears, aunque faculta a los consistorios a decidir si la exige y qué nivel de titulación solicita a sus trabajadores.
Discrepancia sostenida
El voto a favor de la moción presentada ayer no es el único acto de disensión que ha mostrado Serra en los últimos meses. Tras Manacor, el PP de sa Pobla fue la segunda agrupación del partido que se sumó al carro de presentar alegaciones contra la modificación de la Ley de la Función Pública. Lo hizo en enero.
En marzo, dos meses después, los regidores populares poblers se volvieron a pronunciar en contra de que el catalán pasase a ser considerado como mérito y solicitaron al Govern que la modificación de la ley fuera retirada de su tramitación parlamentaria.
Pero no han sido todo muestras de discrepancia, ya que también suscitó mucha polémica que en junio el PP rechazara colgar un lazo en la fachada del Ayuntamiento de sa Pobla, lo que le valió a Serra numerosas criticas de la oposición, entre las que le tacharon de "tener miedo" a sufrir represalias "como las que tuvo Antoni Pastor", diputado autonómico y alcalde de Manacor.
Otros desmarcados
Aparte del PP de sa Pobla, otras agrupaciones locales de la formación conservadora se han mostrado en desacuerdo con el cambio normativo y han anunciado su intención de conservar el catalán como requisito para todos sus trabajadores, aunque alegando razones distintas todos ellos.
Así ocurre en varios ayuntamientos gobernados en mayoría por el PP como Fornalutx, Felanitx, Manacor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Selva o Santanyí. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el PP de Banyalbufar, aunque en ese municipio no forma parte del equipo de gobierno.
