El pleno del ayuntamiento de Bunyola celebrado ayer aprobó por unanimidad el nuevo Plan de Usos y la primera fase del Plan de Ejecución de sa Comuna, una nueva normativa que regulará todos los aspectos relacionados con el bosque público y que obligará a los vehículos particulares y empresas privadas que organicen actividades a abonar una tasa para acceder al espacio natural.
"El objetivo es el control de las visitas y la promoción de sa Comuna", explica el alcalde, Jaume Isern. Se establece una tasa de seis euros para cada vehículo que quiera acceder al bosque, con la excepción de los matriculados en el municipio, que estarán exentos del pago. También deberán abonar una tasa las empresas que organicen actividades "lucrativas" en el bosque. En este caso, se establece una tasa de cinco euros por persona. Las visitas seguirán siendo libres para los excursionistas y paseantes que accedan a sa Comuna a pie.
El consistorio pretende aprobar las nuevas tasas en el pleno del próximo mes de septiembre para que entren en vigor antes de fin de año. Jaume Isern, que ha destacado que el nuevo plan se ha aprobado con el acuerdo de todos los grupos, ha explicado que éste también pretende "poner en valor sa Comuna", por lo que contempla la creación de planes de actividades educativas y visitas guiadas con los que se quieren dar a conocer todos los aspectos medioambientales e históricos de aprovechamiento del bosque, como el mundo de los carboners o de los calciners.
La regulación de las visitas se aceleró tras el incendio del pasado 18 de marzo, que también obligó a adelantar el cierre de la barrera de acceso con vehículos al bosque, que en años anteriores se limitaba a los meses de verano.
Túnel de Sóller
También se aprobó por consenso de todos los grupos una moción presentada por EOB que solicitaba el rescate del peaje del túnel del Sóller, situado en el municipio. El texto consensuado incide en el hecho del abono de las subvenciones a los estudiantes bunyolins del instituto de Sóller y que se estudie la posibilidad de que las subvenciones "también se amplíen a los habitantes de Bunyola".
Por otra parte, el alcalde, Jaume Isern, interrumpió la sesión cuando una persona del público estaba grabando el pleno. Antes, le conminó a que dejara de grabar la sesión a lo que el aludido respondió que le dijera "en qué ley dice que no se puede grabar". Tras dos avisos, el alcalde interrumpió el pleno y ordenó a la Policía que le expulsara de la sala. En el pleno del pasado mes de mayo, la misma persona había intentado grabar y también fue expulsada.
