La historia judicial del refugio de gatos y perros de Sant Elm

Octubre de 1992 La Asociación Arche Noah para la Protección de los Animales compra una finca rústica de tres hectáreas en Sant Elm.
Marzo de 1995 El Ayuntamiento de Andratx otorga una licencia para construir unas oficinas, un refugio para perros y otro para gatos en la finca. La licencia reflejaba que el suelo era rústico y "no urbanizable con especial protección", debido a su condición de área rural de interés paisajístico (ARIP).
Julio de 1999 El TSJB anula la licencia de obras concedida por el consistorio ´andritxol´.
Junio de 2000 El Consell deniega el interés social del refugio de animales, lo que les permitiría haberlo construido pese a estar en una zona de protección urbanística.
Mayo de 2001 El pleno del Consell ordena la demolición de las obras y la restitución de los terrenos a su estado original.
Marzo de 2003 El TSJB ordena indemnizar a la Asociación Arche Noah con 127.330 euros más intereses por daños y perjuicios tras la anulación de la licencia urbanística.
Octubre de 2003 La Justicia da la razón al Consell y deniega que el refugio de animales tenga interés social.
Abril de 2005 El TSJB da validez al acuerdo del Consell y ratifica que la construcción se debe demoler.
Abril de 2007 La comisión insular de Urbanismo da un plazo de cuatro meses para ejecutar la sentencia de derribo.
Enero de 2008 La Asociación Arche Noah solicita la licencia de demolición. Las obras de derribo finalizan a finales de febrero de 2008.
Febrero de 2009 La asociación animalista reclama una nueva indemnización al Ayuntamiento de Andratx por las obras de demolición.
Julio de 2011 Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma da la razón a la asociación Arche Noah y determina que el consistorio ha de pagarles 86.190 euros más intereses para financiar la demolición. El Ayuntamiento recurre la sentencia.
Abril de 2012 El TSJB valida la primera sentencia y dice que el consistorio ha de pagar los 86.190 euros, los intereses y las costas del recursos. Además, los magistrados riñen al ayuntamiento por no tramitar debidamente el expediente de responsabilidad patrimonial y afirman que su recurso "es un puro artificio para eludir responsabilidades".