El ayuntamiento de sa Pobla aprobará previsiblemente hoy por la mañana los presupuestos del año 2012, que ascienden a 10.636.970 euros, cifra que es un 20% inferior a las cuentas del pasado año 2010.
El alcalde de sa Pobla, Biel Serra (PP), y la concejala de Economía y Hacienda, Lidia Pérez, presentaron ayer los presupuestos ante los medios de comunicación y los tildaron de "reales y justos", después de que las cuentas del año 2010 se prorrogaran en 2011.
El principal recorte que contemplan los presupuestos se centra en el apartado de inversiones, ya que se pasa de la cantidad de 1,5 millones de euros que se plasmaron en las cuentas de 2010 a los 450.000 euros de este año, lo que supone una rebaja de un 63%. Según Lidia Pérez, "sólo se llevarán a cabo las inversiones previstas en ejercicios anteriores y se dará prioridad al mantenimiento de las instalaciones ya construidas, para evitar que suba el endeudamiento del Consistorio".
Facturas extrajudiciales
Una de los aspectos que llama más la atención es que en los presupuestos de 2012 se reconocen facturas extrajudiciales de los ejercicios correspondientes a 2010 y 2011 por un valor de 2.076.530 euros. Los pagos atrasados suponen el 17% de las salidas de este año.
El alcalde Biel Serra explica que el pago de estas facturas "era una de las principales cuentas pendientes del equipo de gobierno ya que los proveedores no podían cobrar si el Consistorio no las reconocía, y hemos querido dar prioridad la operación".
Una de las áreas que se han visto también reducidas es la de fiestas, que contará sólo con 242.300 euros, un 53% menos que en el año 2010. En este sentido, el Consistorio ´pobler´ ha anunciado que mantiene su intención de no celebrar este año la popular fiesta Studi 54 durante las fiestas de Sant Jaume, un evento que, desde su puesta en marcha, ha convocado a miles de jóvenes a la localidad mallorquina.
La concejala Pérez asegura que el Consistorio ha conseguido la refinanciación de los préstamos que tenía contraídos con diferentes entidades financieras y que debían pagarse de 2011 a 2015. Con la operación sostiene que "se evitará la subida de impuestos que estaba contemplada en el plan de saneamiento aprobado en 2009 por el anterior equipo de gobierno".
