El alcalde de Sineu, Josep Oliver Amengual (Convergència), ha solicitado por escrito al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que abra un proceso de investigación para determinar si la prolongada baja laboral de la secretaria-interventora municipal, Margarita Mulet, que no ocupa su plaza en el Consistorio ´sineuer´ desde el pasado mes de septiembre, se ajusta a la legalidad.
La instancia registrada por el alcalde, que ha sido aceptada por el INSS, es una consecuencia del malestar que ha provocado en la institución municipal la actitud de la funcionaria y ejerce de complemento a otra medida de calado aprobada el pasado lunes por unanimidad por parte del pleno de la corporación: la apertura de un expediente disciplinario contra la secretaria-interventora por las diversas irregularidades que le imputan los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Según la propuesta de acuerdo elevada al pleno por el alcalde Oliver y aprobada con el voto a favor de todos los partidos, existen "indicios" de una posible "responsabilidad disciplinaria" de la funcionaria, derivados de "haberse atribuido un grado personal consolidado del nivel 30, cuando no le corresponde, y haber permitido la percepción de la diferencia retributiva en beneficio propio, sin la preceptiva fiscalización".
Es ésta la cuestión más espinosa a la que se enfrenta la secretaria. El grupo municipal de los Sineuers Independents (SI) denunció el pasado mes de septiembre que Margarita Mulet habría cobrado unos 7.000 euros más de los que les corresponden por nivel profesional desde abril de 2010, fecha en la que se incorporó a la plaza laboral del ayuntamiento de Sineu. El día en que los medios de comunicación se hacían eco de la denuncia de los independientes, a principios del mes de septiembre, la secretaria presentó la baja laboral y, desde entonces, no ha aparecido por el Ayuntamiento.
Requerimientos sin respuesta
A partir de entonces, la institución local intentó, sin éxito, ponerse en contacto en diversas ocasiones con la secretaria para que acreditase su nivel profesional. El hecho de que Mulet no atendiese los requerimientos municipales en ninguna ocasión también forma parte del listado de presuntas irregularidades que se le imputan.
Por otra parte, el ayuntamiento de Sineu también ha reunido indicios de que la secretaria-interventora ejerció la actividad de abogada "sin haber solicitado previamente la preceptvia autorización para ello", por lo que la institución local cree que la funcionaria ha incurrido en incompatibilidad con el ejercicio de su actividad como funcionaria.
Por todo ello, "y en atención a la problemática que esta desfavorable situación está provocando al Ayuntamiento, con incidencia en su normal funcionamiento", el pleno municipal decidió abrir expediente disciplinario a la funcionaria.
La propuesta plenaria aprobada incluye la tramitación del expediente disciplinario "para cada uno de los hechos expuestos" y citados anteriormente y la solicitud a la conselleria de Administraciones Públicas para el nombramiento de instructor y secretario para cada uno de los expedientes que se instruirán, quienes "podrán depurar los hechos y determinar el tipo de responsabilidad administrativa o incluso penal en que habría incurrido la secretaria-interventora municipal". Es decir, la Conselleria será competente en la investigación de las presuntas irregularidades y se reserva la posibilidad de acudir a la Fiscalía en el caso de que observe indicios penales en la actuación de la funcionaria.
Recopilación de pruebas
A partir de ahora, el ayuntamiento de Sineu deberá aportar a Administraciones Públicas toda la documentación relativa al caso de la funcionaria, incluida la grabación de un pleno del pasado año en el que Mulet aseguró que tenía el nivel 30 y que, por ello, sus emolumentos se ajustaban a la realidad. Sin embargo, según apuntó ayer el alcalde Oliver, el Consistorio tiene constancia de que "el juzgado ya ha determinado que cobraba más dinero del que le corresponde, por lo que deberá devolver la diferencia". La secretaria había reclamado al alcalde que el Consistorio siguiese pagándole el máximo complemento funcionarial "hasta que se demuestre lo contrario", petición a la que la institución no accedió.
Durante el pleno, los Independents, contra quienes la secretaria ha presentado una querella criminal, recriminaron al equipo de gobierno PP-Convergència la falta de iniciativa para investigar las presuntas irregularidades de la funcionaria y que haya pasado casi un año antes de actuar.
