­La campaña #novullpagar ha sumado adeptos en Sóller. Ayer al menos media docena de coches repitió la protesta. Pero a diferencia de la reivindicación del lunes, en la que solo participaron miembros del colectivo Albaïna, ayer los que pronunciaron el "No vull pagar" eran particulares no ligados a la agrupación sollerica.

Tras conocerse la protesta a través de la prensa y de las redes sociales, más conductores decidieron cruzar el túnel de Sóller sin pagar. Al tratarse de casos puntuales, la concesionaria decidió desviar el tráfico a través de las otras cabinas de peaje y solicitar la intervención de la Guardia Civil.

La Benemérita identificó a los vehículos y a sus conductores. Según un miembro del colectivo Albaïna, Marc Carriquí, los agentes del Instituto Armado "coaccionaron a pagar a los conductores insumisos retenidos en el peaje del túnel de Sóller" y les "amenazaron con multas por obstaculizar el tráfico".

La entidad que ha promovido la protesta antipeajes explicó que sus abogados aseguran que "es la concesionaria del peaje la que obstruye el tráfico por no levantar las barreras de inmediato", algo a lo que al final tuvo que ceder la empresa. La media docena, como mínimo, de particulares que ayer protestaron de forma espontánea cruzaron la barrera sin pagar.

El gerente del túnel de Sóller, Jordi Ferrer, quiso minimizar el revuelo montado en torno a la reivindicación. No aportaron cifras sobre cuántos conductores se negaron a pagar y recordó que "muy posiblemente" emprenderán acciones legales contra los miembros de Albaïna. "Si alguien incumple la normativa y perjudica a un tercero, es normal que este tercero le denuncie", apuntó Ferrer.

Además, el responsable del peaje explicó que "la fuerza pública ha estado presente cuando ha habido algún conflicto y no nos ha dicho que hayamos actuado incorrectamente", por lo que continuarán con el protocolo de llamar a la Guardia Civil si más gente se niega a abonar la tarifa.

Nuevas denuncias

El colectivo Albaïna anunció que ayer formuló nuevas denuncias contra la concesionaria del túnel por una presunta detención ilegal, al no permitir a los insumisos que crucen la barrera de inmediato tras tomarles la matrícula.

Por su parte, el alcalde de Sóller, Carlos Simarro (PP), aseveró que es una "protesta inadmisible". "Creo que no son formas de manifestarse, porque perjudica a los residentes y también a los turistas. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero ya hay vías adecuadas para hacerlo; esta no es la imagen que hemos de dar", afirmó Simarro. Por último, el alcalde reiteró que solicitará al Govern que sus vecinos cobren la subvención para la gratuidad del túnel y que el presidente Bauzá ya se comprometió a pagarla.